Nicaragua incumple acuerdos del CAFTA y debe rendir cuentas afirma experto

Según un memorándum realizado por el experto en Migración, Remesas y Desarrollo, Manuel Orozco, Nicaragua está incumpliendo con los acuerdos del DR.CAFTA; el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos del cual Nicaragua es parte.

El experto Manuel Orozco indica en el memorándum, el cual busca “señalar la existencia de violaciones parciales al conocido como CAFTA-DR”, “Nicaragua es uno de los pocos países que ha experimentado grandes aumentos de exportaciones a los EE. UU. durante este período”.

Para Orozco, el gobierno de Nicaragua está descuidando activamente el cumplimiento del lado laboral y ambiental de sus acuerdos comerciales y debe rendir cuentas. “Nicaragua ha incumplido el acuerdo comercial por varios motivos”, señala Orozco.

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Tres principales acuerdos violados por Ortega

Orozco destaca tres acuerdos contenidos en el DR.CAFTA que el régimen de Daniel Ortega ha violado.

El experto coloca en primer lugar, la violación de acuerdos laborales en la medida en que los derechos sindicales en las zonas francas están subordinados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que es quien controla totalmente los sindicatos.

“A febrero de 2023, había 187 negocios en la zona franca y los trabajadores en muchos de esos segmentos están bajo control sandinista”, resalta el experto y agrega que el artículo 16.2 del capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio estipula que las partes no dejarán de hacer cumplir, efectivamente, sus leyes laborales.

Orozco señala que en el caso de Nicaragua, el gobierno no está protegiendo los derechos de los trabajadores, incluidos los de la zona de libre comercio que exporta en gran medida a los Estados Unidos; un estimado del 50 por ciento de sus exportaciones y otro 26 por ciento de sus importaciones son a este país.

“De hecho, más de la mitad de las importaciones estadounidenses desde Nicaragua son textiles y prendas de vestir que se originan en las zonas de libre comercio. Sin embargo, las exportaciones de esos lugares son producidas por trabajadores y empresas que están sufriendo el acoso del gobierno”, dice el memorándum de Orozco.

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Pese a la falta de un recurso legal real para los trabajadores, las denuncias por violaciones de los derechos laborales han aumentado en los últimos años, indica Orozco y agrega que los trabajadores de la Zona Franca se han quejado de prácticas arbitrarias de despido, especialmente para aquellos con condiciones médicas, independientemente de si los trabajadores desarrollaron estas condiciones dentro o fuera del trabajo.

En segunda instancia, destaca que Nicaragua también está violando el Capítulo 17, particularmente el 17.2 de la parte ambiental del acuerdo de libre comercio de lo que destaca que Nicaragua no ha protegido el medio ambiente y más bien ha ido en contra de lo estipulado en el tratado.

“Aparte de las disposiciones constitucionales sobre derechos civiles, existe legislación específica referida a la autonomía en el Caribe (Ley 28) y la propiedad comunal (Ley 162 y 445) que no se utilizan y están subordinadas al establecimiento político del régimen. El gobierno de Nicaragua no ha hecho cumplir estas protecciones y, por lo tanto, está violando el Capítulo 17”, advierte Orozco.

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El experto señala que “además de los daños ambientales, como la pérdida de más de 79,200 hectáreas de bosques primarios entre 2017 y 2022,19 la principal interrupción del tratado consiste en la maltrato a los derechos indígenas donde se desarrollan las operaciones mineras, resaltando que el 2022 se han producido más de 571 violaciones en más de 83 comunidades en 17 territorios de la costa caribeña.

El tercer acuerdo violado por la dictadura de Ortega se establece en el artículo 12.4(b) sobre acceso al mercado para las instituciones financieras, a través de la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor, que fue diseñada para proteger a quienes han sido sancionados.

La ley otorga discreción al gobierno para imponer limitaciones y restricciones sobre cómo operan las instituciones financieras y permite el escrutinio de todas las transacciones financieras. Estos incluyen restringir la capacidad de las instituciones financieras para hacer cumplir las sanciones impidiendo que los familiares de los sancionados cierren sus cuentas bancarias, incluso cuando es claramente un recurso para proteger las finanzas de los sancionados.

Pese a lo establecido en el articulo 12, el gobierno también ha aumentado el escrutinio de las transferencias de remesas a las familias al exigir informes de los nombres de quién envía y recibe dinero por montos personales superiores a US$500, generalmente más del 5 por ciento de los 800.000 receptores de remesas y por montos comerciales superiores a US$5.000 , quitando discrecionalidad a las instituciones financieras de la debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales.

“La agencia gubernamental, Unidad de Análisis Financiero, se ha convertido en un centro de recopilación de inteligencia para filtrar a cualquier ciudadano sospechoso de ser una amenaza política”, dice Orozco.

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En cuanto a esto, Orozco tilda al Gobierno de Nicaragua de ser el responsable de bloquear y congelar cuentas bancarias de disidentes nicaragüenses y otros ciudadanos a los que se les ha despojado de la ciudadanía y de utilizar la congelación de las cuentas como un chantaje político para evitar que los actores clave hablen sobre la amenaza de que, si lo hacen, sus riquezas financieras y de otro tipo serán incautadas automáticamente.

Ante esto, Orozco advierte a los Estados Unidos, por ser el principal socio comercial de Nicaragua a tomar acciones que limiten estos abusos del régimen de Daniel Ortega y le propone reunir al Consejo de Asuntos Laborales para realizar Consultas Laborales Cooperativas.

Así mismo, recomienda que los líderes cívicos puedan participar ante el Consejo de Asuntos Medioambientales y aclara que la salida de Nicaragua del DR.CAFTA no sería la medida más conveniente.