Analistas ven con preocupación que dictadura reduzca indemnización a trabajadores del Estado

El abogado penalista, Yader Morazán, y el economista, Enrique Sáenz, coinciden que la dictadura de Daniel Ortega dio este jueves un “golpe” a los servidores públicos del Estado al aprobar una iniciativa de Ley que reduce la indemnización por antigüedad en las instituciones y poderes estatales de Nicaragua de quienes renuncien a sus cargos.

Para ambos analistas, la nueva medida represiva del régimen sandinista que fue anunciada “con bombos y platillos” por la oficialista Asamblea Nacional, es considerada un acto de “traición” para quienes les han servido, incluso desde antes de 2018, como cómplices, “coautores” y “complacientes” de las ilegalidades y corrupción dentro del Estado nicaragüense.

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Morazán, quien destaca por dar seguimiento a las defenestraciones dentro del Poder Judicial desde el pasado mes de octubre, aseguró en entrevista con Nicaragua Actual que el “gobierno” que se dice llamar “de los pobres” ha creado un “filtro similar” al aprobado en meses pasado en contra de la sancionada Policía Nacional para desajustar la indemnización de sus empleados en caso de alguna renuncia, a pesar que estos les han servido para sostener la “represión dentro del Estado”.

“Realmente es un acto de traición para los trabajadores del Estado y particularmente a los de nuevo ingreso, porque la Ley rige para el futuro, no para el pasado”, expresó el abogado exiliado en Estado Unidos.

Ahora deben pasar 3 años para obtener derecho a indemnización

Morazán explicó que el nuevo ajuste hecho por la dictadura, le extiende a la persona la continuidad del tiempo de trabajo dentro del Estado para adquirir un derecho vigente en ley, pero reduce su derecho de indemnización por antigüedad.

Por ejemplo, el servidor público que tenga entre 3 a 10 años continuos trabajando para el Estado, recibirá como liquidación el equivalente a un mes de salario. El que tenga de 10 a 15 años, obtendrá lo correspondiente a dos meses de sueldo. Los que acumulen entre 15 a 20 años, cobrarán 3 mensualidades, y cinco los que tengan más de 20 años.

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“Antes era de un año, es decir, vos tenías que laborar de manera continua por un año para el Estado y adquirías derechos, pero ahora tiene que ser hasta 3 años”, argumentó. “Ahora tendrías que trabajar 20 años al Estado para alcanzar los 5 meses de liquidación por antigüedad que antes alcanzabas en 6 años”, añadió.

Por su parte, el economista y analista política, Enrique Sáenz, dijo que hasta ahora a la dictadura “no le ha importado la Constitución, ni tampoco le importan las leyes”. Por ello, reafirmó que Ortega y Murillo han instalado como “única ley su voluntad” al reajustar los derechos adquiridos en materia laboral que no pueden ser despojados a los servidores públicos, como en esta caso es la antigüedad acumulada de acuerdo con la ley vigente.

“La dictadura está devorándose”, dice Sáenz

Además, destacó que la dictadura ha iniciado una “auto-destrucción” que contempla la instauración de un régimen dinástico que ha dado pasos con la apertura de los hijos de Ortega y Murillo en cargos diplomáticos del país, relegando a la vieja guardia del FSLN.

“La dictadura creo que ha caído ya en este plano de declive, ya empezó a devorarse a sí misma porque los trabajadores del Estado de alguna manera han conformado el aparato que ha servido de respaldo a la dictadura como cómplices de Ortega, coautores con Ortega, complacientes con Ortega”, señaló Sáenz en entrevista al programa Panorama Nicaragua.

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A su criterio, este “acto de traición” también “demuestra una vez más la insensibilidad de Ortega y Murillo, incluso frente a su propios seguidores”. Sáenz ejemplificó los casos del Poder Judicial, las defenestraciones incluso de secretarias y guardas de seguridad, así como la toma y cancelación de la UCA (Universidad Centroamericana) que dejó en el limbo a miles de estudiantes y maestros, entre ellos simpatizantes del FSLN, así como personal administrativo.

“¿Por qué lo hace Ortega? Porque esto tiene un impacto en la persona, en las familias y en estos casos en todo el aparato del Estado. Entonces aquí ellos están claros que la dictadura no tiene el más mínimo respaldo por parte de la población y lo que están haciendo es vengándose, desquitándose, provocando daños al que pueden, porque saben que no tienen ningún respaldo. Es la descomposición de la dictadura”, añadió.

Saénz no descartó que la nueva política del régimen sea un movimiento para disminuir los gastos del Estado e incrementar las reservas “del gobierno”. “Están claros que tienen muy poco recursos externos para flotar”, finalizó.