Ortega mantiene a 168 personas presas políticas entre ellas trece adultos mayores

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicó en su lista-informe mensual con fecha del 30 de noviembre, que la dictadura de Daniel Ortega mantiene en las diferentes cárceles del país a 168 personas presas políticas, diez de ellas antes del estallido social del 2018 y 158 posterior a esta fecha.

Esta lista – informe es una actualización de la información de personas presas políticas quienes permanecen en cárceles en Nicaragua, producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril 2018. El período de estudio abarca del 29 de octubre al 30 de noviembre del corriente año, dice el informe.

En el listado de personas presas políticas en Nicaragua, construido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, solamente se incluyen a la personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación.

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La cifra de presos y presas políticas en el contexto de abril 2018 para el mes de octubre del 2021 era de 149. En el mes de noviembre se agregaron 9 personas a la lista, cuyos familiares han autorizado su incorporación. En los últimos 12 meses, 50 personas han sido reconocidas por el Mecanismo como presos y presas políticas.

“Entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre, el Mecanismo registró un total de 43 detenciones por motivaciones políticas. De este grupo, 15 personas fueron liberadas horas o días posteriores mientras que 28 se encuentran aún detenidas al 30 de noviembre de 2021”, dice el informe.

Arrestos previos a la farsa electoral

El mecanismo informo que los días en que contabilizaron el mayor número de personas detenidas fueron entre el 5 y 7 de noviembre, fechas que corresponden al contexto de las elecciones llevadas a cabo el día 7. La represión fue dirigida principalmente a integrantes de organizaciones políticas y sociales de 11 de los distintos departamentos y regiones autónomas del país.

“La mayoría de estas detenciones se caracterizaron por haberse ejecutado de forma arbitraria, sin presentar orden de captura ni brindar información a la persona detenida o sus familiares sobre el motivo de la detención”, contiene el documento.

Agrega que se tomó registro de allanamientos ilegales, amenazas e insultos verbales. durante el momento de la captura, por lo que resulta preocupante que en algunos casos las detenciones fueron realizadas por personas no identificadas, vestidas de civil.

13 adultos mayores entre los presos políticos

De las 158 personas presas políticas del contexto de 2018, reportadas en el presente informe, 23 corresponden a la edad laboral temprana de 15-24 años. 101 están en el rango de edad de los 25-54 años (edad laboral máxima). 21 entre los 55-64 años (edad laboral madura) y 13 son personas de edad avanzada (65 años a más).

La estructura de edades de una población afecta los principales problemas socioeconómicos de una nación y, más aún, cuando de forma arbitraria, 158 presos y presas políticas han visto sus sueños truncados. Para quienes están en edades laboralmente activas, el efecto que están teniendo en la economía de sus hogares es brutal: disminuye el acceso al sistema de salud, a la educación y al trabajo y tiene un impacto desgarrador en los hijos e hijas y familiares.

“Los presos y presas políticas se enfrentan a la pérdida irreparable de las posibilidades de progreso y bienestar en sus vidas y la de sus familias. Hoy en día, estas aspiraciones han sido estropeadas dado que se encuentran en una situación de exclusión, malos tratos y estigmatización, enfrentando procesos judiciales viciados por delitos que no cometieron”, agrega.

Sobre todo los y las más jóvenes, quienes en virtud de su formación aspiran a terminar sus estudios, tener una profesión y mejorar su calidad de vida. En el caso de los adultos y adultas, ven obstaculizadas sus posibilidades de tener una vejez digna y aportar, desde sus experiencias y capacidades, a la construcción de un mejor país.

Para los presos y presas políticas de edad avanzada y que padecen de múltiples enfermedades crónicas, los abogados/as defensores han demostrado fundamentos de hecho y de derecho solicitando cambio de medidas. Esto, en virtud de que la prisión preventiva, dictada en audiencia preliminar, es una medida excesiva.

“Dicha solicitud está en conformidad con lo que dispone el artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP) “Sustitución preventiva por domiciliaria”. El cual establece que el juez puede sustituir la presión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate de: (3) personas valetudinarias o afectadas por enfermedad en fase terminal debidamente comprobada”. A pesar que en el artículo 172 del CPP indica que “el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de medidas cautelares mensualmente, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas” , no han habido resultados de dichas gestiones”, establece el escrito.

De igual forma, el régimen ha hecho caso omiso a las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana y los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte, y 4, 27 y 31 del Reglamento de la Corte, ha requerido al Estado de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de varias de las personas detenidas durante los meses de junio – noviembre 2021, de los cuales el 21% son adultos mayores.

Impacto físico, psicológico y económico en la vida de los presos y presas políticas

Los efectos psicológicos tanto en los jóvenes como en las personas adultas y mayores de edad que se encuentra detenidas son irreparables. Los testimonios de excarcelados y excarceladas políticas dan cuenta que aún se sienten inseguros y atemorizados, cómo consecuencia de las secuelas de las torturas que se instalan en el centro de sus vidas, a modo de un interminable presente traumático muy difícil de ser superado.

“La prisión y la tortura tienen efectos devastadores en sus vidas. A los trastornos de su salud física y mental se suma la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas y sexuales, que puede llegar a deteriorar los vínculos con sus familiares y sus parejas”, afirman.

El Mecanismo destaca que también las condiciones físicas de encierro y los procedimientos en el ámbito penitenciario implican un estado generalizado de estrés, percibido como represalia por parte del Estado contra ellos y su entorno social, con el fin de excluirlos de la sociedad, menoscabando su dignidad por su condición de opositor u opositora.

Documentan que la mayoría de los presos y presas políticas han perdido su trabajo y medios de subsistencia. Incluso corren el riesgo de perder sus viviendas y propiedades ante la amenaza de ser objetos de expropiación.

“Esta situación no acaba con la liberación de las personas, ya que muchos excarcelados y excarceladas políticas continúan siendo víctimas de vigilancia, hostigamiento, persecuciones y agresiones. También son objeto de violencia institucional cuando les es negado algún servicio social como el acceso a la salud, por ser considerados opositores. Una gran mayoría ha tenido que optar por esconderse o por buscar refugio en otro país”, dice el informe.

El Mecanismo concluye su informe instando a la ciudadanía en general a revisar cuidadosamente la lista preliminar de este informe.

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Si conoce a una persona presa política que no ha sido registrada, por favor comunicarse al correo electrónico: denunciasazulyblanco@gmail.com o redes sociales: @PresasyPresosPoliticosNicaragua @MPresasPresosNi