Reforman Ley contra el Lavado de Dinero para aniquilar su fachada legal e incrementar represión

La oficialista Asamblea Nacional aprobó este jueves por solicitud del dictador Daniel Ortega, reformar la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Ley 977.

Por unanimidad los diputados del Parlamento Nacional se apresuraron para modificar los miembros de la Comisión que coordina dicha ley, con la finalidad de aniquilar su fachada legal e incrementar la represión contra el pueblo nicaragüense, sobre todo contra la iglesia católica.

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Según la Diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional, que la “presente iniciativa busca el fortalecimiento de dicha Comisión, en función del interés público, con el fin de lograr una mayor integración en la Administración Pública, aumentar la actividad de la producción y facilitar el comercio nacional e internacional”.

Además señaló que esto será posible ahora que pasó de ser “un ente descentralizado del Poder Ejecutivo y estar a cargo del Sistema de Producción, Consumo y Comercio (SNPCC)”.

A partir de ahora, la Comisión que coordina la Ley 977 será integrada por el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el sancionado Denis Membreño Rivas, quien asumirá la coordinación general del mismo.

Asimismo, estará integrada por el Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Procurador General de la República, el Presidente del Banco Central, Ministro de Hacienda y Crédito Público, y el Fiscal General de la República.

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Nueva Comisión asignada por Ortega

El excarcelado político y ex aspirante presidencial de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, dijo que la reforma al artículo 6 de la Ley contra el Lavado de Dinero es una purga del Poder Judicial y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), las cuales integraban esta Comisión que la rige.

Según el opositor desterrado en 2023, ambos integrantes son reemplazados por Oracio Rocha “que es el encargado de las investigaciones parapoliciales”, y el viceministro de Gobernación o del Interior, Luis Cañas, quien “es el carcelero de los nicaragüenses”.

“Con esta reforma la dictadura elimina todo tipo de supervisión bancaria; microfinanciera en este caso o judicial, y se consolida más como un aparato represivo para acusar a activistas como lo venían haciendo en el pasado”, señala Chamorro.

Asimismo, afirmó que la persecución incrementará contra la iglesia católica, misma a la que Ortega acusó en mayo de 2023 de supuesto lavado de dinero y le congeló todas sus cuentas bancarias, así como también a sacerdotes y obispos del país.

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“De tal manera que esta reforma no tiene otro objetivo más que consolidar la represión en contra de cualquier persona que se oponga a la dictadura con el argumento, excusa o de inventar el delito de lavado de dinero”, finalizó.