Denuncian expansión de la minería ilegal en Nicaragua, el negocio redondo de Ortega

Se estima que en Nicaragua aproximadamente 40 mil personas se dedican a la minería ilegal en unos 38 municipios provocando un deterioro eco-social al país bajo la complicidad de la dictadura nicaragüense la cual con carácter de urgencia reformó “La ley de exploración y explotación de Minas” con la finalidad de asegurarse con el control de toda actividad a favor de Ortega y Murillo.

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Así lo denunció el ambientalista Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, durante la sesión pública “Minería ilegal y su impacto en los derechos humanos” realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este espacio, la Fundación del Río evidenció que en Nicaragua la minería ilegal se sostiene por las concesiones de la minería industrial que lleva a cabo la producción de oro y extracción de mercurio en perjuicio de áreas protegidas y territorios indígenas del sureste nicaragüense.

Ruíz dijo que en la zona transfronteriza de Río San Juan se ha estado traficando el mineral, además del “blanqueo de capital, trata de personas y comercialización de droga dentro de la zona de explotación ilegal de minería”.

De acuerdo a sus investigaciones, un 30% del oro extraído de procesos ilegales es acarreado por canales de procesamiento y exportación, propiedad de empresas radicadas en el país, muchas de ellas colombianas y canadienses. Además de la comercialización ilícita de 36 toneladas anuales de mercurio.

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“No conozco ningún territorio minero en Nicaragua que haya salido de la pobreza, más bien lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales, muchas veces solo nos saquean”, lamentó el ambientalista nicaragüense.

Concesiones mineras invaden territorios indígenas

Ruíz también explicó que “al menos 14 concesiones se han otorgado desde 2007” que representa la ocupación del 23% del territorio del país. En promedio, 79 de estas concesiones se encuentran en la Reserva de la Biosfera Bosawás, mientras que en la Reserva de Indio Maíz se han construido 100 molinos mineros en las zonas de amortiguamiento a pesar de que “está prohibida la extracción de metales en ambas reservas”.

Asimismo, denunció que el 41% del territorio Mayagna Sauni, del pueblo indígena Mayangna en Bosawás, está concesionado para la minería, lo que ha incrementado la conflictividad territorial y asesinatos en la zona. Además que la presencia de estas actividades también ha influido en el asentamiento de personas desconocidas en otras comunidades.

Fundación del Río alertó que “no existen medidas de seguridad, ni condiciones laborales; las áreas de extracción son inestables e inseguras, existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo de mercurio”. De momento se han reportado 55 personas fallecidas por esta actividad.

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El titular del Ministerio de Energía y Minas, el sandinista Salvador Mansell, confirmó en octubre pasado que la exportación del oro nicaragüense ha incrementado en lo últimos años, a pesar de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. En 2007 se logró 91 mil onzas de oro en producción a nivel nacional, y en la actualidad se contabilizan 500 mil onzas.

La producción del oro representó 681 millones de dólares en 2020, luego en 821 millones en el 2021 y por último en 946 millones en el 2022, a pesar que en octubre del año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas (DGM) de Nicaragua.

El ministro sandinista prevé que este 2023 las exportaciones de oro superen los 1 mil millones de dólares.