Dictadura celebra la liberación de un mil reos comunes mientras encarcela a opositores

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El régimen de Daniel Ortega celebró este miércoles la decisión del Ministerio de Gobernación de otorgarle la libertad a al menos un mil reos comunes que pagaban condenas por diferentes delitos en los Sistemas Penitenciarios del país, quienes ahora gozan el beneficio de “convivencia familiar”, mismo que ha otorgado indulto a más de 40 mil delincuentes desde 2014.
La medida ya habría sido anunciada la semana pasada por la vocera sandinista, Rosario Murillo, quien se mostró complacida con la liberación de estos delincuentes que purgaban condenas por acusaciones de delitos como robo, asesinatos, femicidios, entre otros. Los indultos a prisioneros comunes ocurre luego del secuestro ilegal de la socióloga, Melba Damaris Hernández, de 54 años, quien la noche del pasado lunes fue capturada desde su casa de habitación por agentes de la Policía.
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“Damos gracias a Dios por estar aquí y agradecemos al presidente Daniel y la compañera Rosario por siempre estar pendiente de los diferentes programas que tenemos en el Sistema Penitenciario para lograr que ustedes se incorporen a la sociedad con herramientas necesarias para progresar y trabajar”, dijo la titular del Migob, la sandinista María Amelia Coronel.
Mediante un acto político en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como “La Modelo”, esta mañana Coronel dio la libertad a los reclusos en presencia del alcalde sandinista de este municipio, César Vásquez, además del jefe de la Policía, el comisionado Luis Moncada Castillo, y el secretario político del partido de gobierno. Solo en esta prisión se contabilizan 300 delincuentes liberados del total anunciado este miércoles.
“Hoy son mil familias que se reúnen y mil persona que reciben otra oportunidad de servir a la patria, de servir a sus familias, a las comunidades y seguir adelante”, agregó la ministra sandinista.
Más prisioneros políticos en Nicaragua
La reciente liberación de un mil reos comunes ocurre en un contexto de zozobra para la población debido a que el régimen sandinista continúa encarcelando a jóvenes que siguen siendo víctimas de la represión y el secuestro parapolicial de la dictadura en Nicaragua.
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Tras la confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA), el pasado 16 de agosto, la Policía sancionada inició una redada en contra de dos jóvenes universitarias. Se trata de la joven Adela Espinoza Tercero, quien es activista feminista egresada de la UCA y madre de dos hijos menores de edad, y de Gabriela Morales, quien es estudiante de la confiscada Universidad Juan Pablo II.
El pasado 21 de agosto, paramilitares vestidos de civil allanaron la vivienda de la joven Joseling Mayela Campos Silva, en la comarca de Veracruz, en el municipio de Nindirí, Masaya, y se la llevaron secuestrada con rumbo desconocido. Campos Silva es reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y actualmente cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniaría (UNI).