• Managua, Nicaragua
  • 11:13 pm
  • Jul 25, 2022

Ortega ejecutó casi 400 hechos de violencia política en primer semestre del 2022

El observatorio electoral Urnas Abiertas informó que al menos 385 hechos de violencia política se registran en el país en los primeros seis meses de este año, protagonizados en su mayoría por la Policía Sandinista, señalada de ser el principal brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega. Urnas Abiertas revela en un nuevo informe […]
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El observatorio electoral Urnas Abiertas informó que al menos 385 hechos de violencia política se registran en el país en los primeros seis meses de este año, protagonizados en su mayoría por la Policía Sandinista, señalada de ser el principal brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega.

Urnas Abiertas revela en un nuevo informe que el régimen sandinista a través de las instituciones del estado, incrementa los hechos de violencia política en contra de la población opositora, las ONG y la iglesia católica, los cuales ocurrieron en 52 de los 153 municipios del país.

De acuerdo al informe, en al menos siete departamentos (Managua, Granada, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega), se concentran el 80% de los hechos de violencia política.

Oficinas de la OEA ocupadas por la Policía Sandinista Foto Cortesía
Oficinas de la OEA ocupadas por la Policía Sandinista Foto Cortesía

Según este organismo, se contabilizaron 199 casos de asedio y hostigamiento, 42 por persecución judicial, 40 por medidas administrativas, 37 por agresión, 31 por tortura y malos tratos, 24 por detención, 2 por muerte y otros 10 aún sin identificar, y que se sabe los ejecutan -en su mayoría- la Policía sandinista.

Las otras instituciones estatales presentes en estos hechos de violencia política fueron: El Poder Judicial, el Ministerio Público y otras como: Sistema Penitenciario, Alcaldías, Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación, Aeropuerto, Cancillería, entre otros.

Entes estatales violan derechos humanos

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“Las manifestaciones de violaciones de Derechos Humanos las ejercen más los entes estatales; se observa una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados, que es sustituida por una serie de normas administrativas que provienen de otras instituciones gubernamentales”, señala el informe.

Nuevo informe de Urnas Abiertas registra agresiones a la iglesia católica

Urnas Abiertas destaca que el 42.60% de los hechos de violencia política se reportan en el mes de abril, lo cual responde a un patrón de los últimos cuatro años en el cual se da un incremento de violencia política en las fechas conmemorativas o festivas, en este año por el cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales en 2018.

A la vez, especifica que las víctimas fueron 28.5% mujeres (cis y transgénero) y 50.1% fueron hombres, mientras que el otro 21.3% fueron víctimas institucionales (organizaciones, partidos, empresas).

Policía asedia templo católico en Managua Foto Cortesía

Las principales organizaciones víctimas de violencia fueron la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el extinto Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Además se registran casos de violencia política en personas del sector cultural y la Iglesia Católica.

“En Masaya se registraron 28 hechos de violencia política, la mayoría de los casos cometidos contra la Iglesia Católica, que incluye el asedio a la iglesia San Juan Bautista y al sacerdote Harving Padilla, a la iglesia Santa María Magdalena, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la Parroquia San Miguel”, agregó.

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Cierre del canal católico

La persecución política hacia la iglesia católica empieza a incrementar luego que en mayo de este año, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), censura y elimina de la grilla de programación del canal 51, Canal Católico de Nicaragua.

En el país ya se contabiliza a dos sacerdotes detenidos, uno de ellos condenado, por delitos comunes supuestamente probados por la justicia sandinista y que son fiscalizados por el Ministerio Público, la institución acusadora señalada de responder a los intereses políticos de la familia Ortega-Murillo.

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