Madre del suboficial Faber López ve con esperanza la llegada de expertos para investigar crímenes de 2018

La llegada a Nicaragua de tres expertos que investigarán los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos desde el 2018 por la dictadura de Daniel Ortega, resulta una luz de esperanza contra la impunidad, en esa ruta de justicia para las madres de abril, quienes desde el exilio reclaman ese derecho para las 355 víctimas de la represión gubernamental.

Durante el programa Panorama Nicaragua, en cadena de medios con 100% Noticias, Despacho 505 y Nicaragua Actual, Fátima Vivas, madre del suboficial Faber Antonio López, quien fue asesinado por negarse a reprimir las protestas de 2018, dijo sentirse positiva y esperanzada de hallar justicia por la muerte de su hijo y de las otras personas víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y la sancionada Rosario Murillo.

“Para mí es un gusto que estos expertos llegan a investigar los casos de los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y esperamos que sea un trabajo realmente con mucha dedicación”, apuntó Vivas.

Aunque por un lado el optimismo inunda su rostro, por otro teme que las investigaciones concluyan y los crímenes queden nuevamente en la impunidad, pues en su caso no tuvo el tiempo necesario para denunciar ante la Policía y el Ministerio Público el asesinato de su hijo, debido a que su exilio fue rápido, ante el inminente asedio y hostigamiento del régimen sandinista.

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Ella cree que los casos sin pruebas balísticas ni dictámenes médicos o policiales, ni registros de denuncias ante la fiscalía, limitará el trabajo de los expertos.

Por tal razón, ante este posible escenario, Vivas alzó su voz e hizo un llamado a que “esos casos no se queden en el olvido, que no se dejen a un lado o que se engaveten”, pues es consciente que las limitaciones al acceso de informes reales y denuncia para buscar justicia en Nicaragua es la causa de la impunidad.

“Temo que hayan muchos inconvenientes al momento de hacer las respectivas investigaciones (pero) espero que los expertos en este tema sean muy cuidadosos y que por el simple hecho de no tener X o Y documentación esos casos no se queden en el olvido”, puntualizó.

Vivas manifestó que es posible que existan otros “obstáculos e impedimentos” para el grupo de expertos como su ingreso al país, ya que “la dictadura no quiere que esos casos se esclarezcan o sean investigados”, porque -a su criterio- “él (Ortega) es el responsable directo del asesinato de nuestros hijos”.

“Sé que el camino es difícil de recorrer, pero no es imposible de alcanzar y para eso las madres estamos para demostrar la evidencia”, añadió.

¿Cómo ocurrió el asesinato de su hijo?

Faber Antonio López, exoficial de la Policía Sandinista, es otra víctima más del régimen de Ortega por negarse a reprimir las marchas antigubernamentales de 2018.

Vivas narró que su hijo -quien servía a la policía sancionada- fue asesinado el 8 de julio de 2018.

Aunque el acta de defunción del Instituto de Medicinal Legal (IML) indicó que murió por impacto de bala, un dictamen forense privado determinó que la causa real de su deceso fue por sometimiento a torturas por 24 horas.

Señala que el joven fue asesinado tras recibir torturas con golpes en su cuerpo, quemaduras de cigarro y heridas de arma blanca.

Ante la insistencia de exigir justicia por la muerte de su hijo, el asedio parapolicial a su persona no se hizo esperar, por lo cual tuvo que exiliarse a cinco días del crimen para resguardar su vida.

Relató que no tuvo el tiempo necesario para denunciar ante la policía sancionada o ante el Ministerio Público el caso de su hijo y, peor aún, no logró recibir un dictamen balístico, por lo cual siempre ha rechazado la versión del IML, de que su hijo murió de un impacto de bala.

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“Si no tenemos esa documentación pertinente es porque no se nos dio acceso o no pudimos poner la denuncia porque éramos perseguidas, amenazadas, y tuvimos que huir”, finalizó Vivas.

Recientemente, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nombró a tres personas expertas para investigar estos crímenes.

Los designados son el alemán Jan-Michael Simon, quien presidirá este grupo; el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.

En el último informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se reveló que el saldo de víctimas en el marco de la represión en Nicaragua, dirigida por la policía sancionada y agentes paramilitares con armas de guerra, ascendió a 355.