Ministerio Público oficializa reanudación de juicios contra presos políticos

El Ministerio Público, señalado de ser una maquinaria orteguista de represión judicial, emitió un comunicado en donde hace oficial la reanudación de los juicios contra los líderes políticos, sociales, campesinos y estudiantiles.

Esta acción tiene como fecha de inicio el día de mañana martes primero de febrero del 2022 y justifica su ejecución a un supuesto “apego a la constitución” y “cumplimiento de plazos legales”, dos aseveraciones que contradicen la ilegalidad inicial de las detenciones denunciadas como arbitrarias e injustas por las familias de los detenidos.

“Se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar”, especifica el escrito de la Fiscalía.

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En el documento, el Ministerio Público controlado por el sandinismo, desde ya emite condenas al declarar a los reos de conciencia “criminales y delincuentes”, manteniendo el discurso de ser partícipes de lo que denomina el régimen como un “fallido golpe de Estado” y no una sublevación ciudadana, cansada de abusos de poder, implantación de la violencia, asesinatos, secuestros y actos terroristas contra la población civil.

⚠️???? #Urgente | El Ministerio Público anuncia la reanudación de los juicios en contra de los presos políticos, opositores y exguerrilleros, acusados de la Ley 1055. Desde ya, esta institución los llama “Criminales y delincuentes” https://t.co/5c1Pm68xK0 pic.twitter.com/mEz5LOUwcH

— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) January 31, 2022

El comunicado que ya circula en los medios de propaganda política de la ilegítima administración Ortega-Murillo, establece que los ciudadanos encarcelados “han demandado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses”. Otro elemento ambiguo dado que las sanciones impuestas hasta hoy fueron aplicadas a familiares, funcionarios, testaferros e instituciones de la dictadura que felicitan la puesta en escena del autoritarismo y despotismo.

“Estas personas acusadas, estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, se lee en el escrito oficial.

Semanas atrás, un centenar de familiares de personas presas políticas, pidieron un entendimiento con el régimen, en el que solicitan la participación de la Iglesia Católica, en aras de lograr la libertad de los 170 manifestantes detenidos.

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Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido el endurecimiento de lo que puede suponer dos opciones: la permanencia ilegal por años en la cárcel de cada reo de conciencia o la búsqueda de la dictadura de una negociación que le permita librarse de sanciones que socavan su estabilidad familiar y económica y para ello recurre a presionar más a sus oponentes.