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  • 10:04 pm
  • May 27, 2022

Grave estado de salud de mujeres presas políticas en Nicaragua preocupa a CIDH

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado  que le preocupa la grave situación de salud que atraviesan las mujeres presas políticas en Nicaragua, por lo que instó al estado que provea asistencia médica especializada y urgente y tomar las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad tomando en consideración su […]
14 presas políticas de la dictadura orteguista
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Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado  que le preocupa la grave situación de salud que atraviesan las mujeres presas políticas en Nicaragua, por lo que instó al estado que provea asistencia médica especializada y urgente y tomar las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad tomando en consideración su condición de género y edad.

En una nota de prensa, la Comisión expresa que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), recibió informes sobre la grave situación de salud de las mujeres privadas de libertad en el contexto de la crisis, debido a la falta de acceso a servicios de salud especializados y oportunos, deplorables condiciones de detención y represalias en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno actual.

Según información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de abril, un total de 14 mujeres se encontraban aún detenidas.

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Respecto a las mujeres detenidas en el Sistema Penitenciario Nacional “La Esperanza”, entre otros casos, la CIDH afirma haber recibido información preocupante sobre el grave deterioro de la salud de Evelyn Pinto, de 63 años, quien no recibiría la atención médica especializada para las diferentes enfermedades crónicas que padece.

Así mismo, la activista María Esperanza Sánchez, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, permanecería desde hace más de cinco días internada en la clínica de dicho centro de detención, en estado grave, sin recibir atención médica especializada, ni medicamentos adecuados.

Por su parte, Nidia Barbosa, de 66 años, habría sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Amistad Japón en Granada y sus familiares desconocen su estado actual de salud.

Aisladas e incomunicadas 

Del mismo modo, la CIDH reitera su preocupación respecto las mujeres detenidas en las nuevas instalaciones del centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial, “El Chipote”, entre ellas mujeres mayores, quienes son sometidas a estrictos regímenes de aislamiento e incomunicación, por su condición de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas.

Asimismo, la Comisión indica que estas habrían sufrido un grave deterioro en su salud por la falta de alimentación suficiente, acceso al agua potable y a servicios de atención médica especializada en atención a su género y edad.

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“Nicaragua debe proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, obligación que deriva del derecho a la integridad personal establecido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expresa el escrito de la CIDH.

De igual forma, le recuerda al estado de Nicaragua que es su obligación respetar la integridad física, no emplear tratos crueles, inhumanos y respetar la dignidad inherente al ser humano, extendido a garantizar el acceso a la atención médica adecuada de las personas privadas de libertad.

Exigen liberación de presas políticas

Asimismo, la CIDH urge al estado a adoptar todas las medidas necesarias, integrales y con la debida diligencia para que todos sus derechos sean efectivamente respetados y garantizados; en particular, a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en el país.

“El encarcelamiento de las mujeres adquiere una dimensión propia que resulta en vulneraciones particulares a sus derechos, derivadas de su condición de género y la interseccionalidad con otros factores como la edad”, considera la Comisión.

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La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

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