ONU denuncia un “rosario” de irregularidades en votaciones de Daniel Ortega

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas brindó un reciente informe sobre la situación de Nicaragua, donde aseguró que las “las elecciones generales, celebradas el 7 de noviembre, brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos, que afecta al país desde 2018”, pero, lamentablemente, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas dice que también era “una oportunidad para abrir espacios y progresar hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas del conjunto de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese período”.

Desde Ginebra, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, ante el Consejo de Derechos Humanos expresó que “tal y como como advirtió la Alta Comisionada a este Consejo, en junio y septiembre de este año, el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses, de participar en las elecciones, especialmente, de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”.

Nada Al-Nashif manifestó en este informe que en Nicaragua, la OACNUDH, documentó la detención arbitraria de no menos de 39 líderes y lideresas políticas, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, durante el período electoral, entre mayo y octubre. Eso incluye a siete personas que se habían registrado como precandidatas o habían expresado, públicamente, su intención de presentarse a las Elecciones Presidenciales.

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“Treinta y cinco de estas personas continúan detenidas en el centro de prisión preventiva conocido como “Nuevo Chipote”. Según la información recibida, muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas. Estas condiciones suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso llegar a la tortura”, expresó Nada Al-Nashif .

Dictadura rechaza informes

Wendy Carolina Urbina, Fiscal General de la dictadura, en su intervención, rechazó este informe y dijo que la información vertida sobre Nicaragua no es más que una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad.

“Una vez más la presente actualización es una prueba de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que no actúa con justicia y equidad al tener como objetivo este informe, seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico, que sustenta al Estado nicaragüense. Rechazamos la reciente actualización por considerarla parcializada, carente de objetividad, con un sesgo político e injerencista. Esta oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, continúa utilizando la imposición permanente de este mecanismo para inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país, irrespetando nuestra soberanía e independencia y haciendo eco de la política intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo Urbina.

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Por su parte la ONU llamó al Gobierno de Nicaragua a comprometerse con este Consejo, así como con los procedimientos especiales y otros mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. También le instó a que restablezca, urgentemente, los derechos y las libertades públicas y el estado de derecho imparcial y a que adapte, plenamente, su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos.