Dictadura mantiene en abandono a territorios indígenas azotados por etnocidio de colonos

De los 17 territorios indígenas que conforman la Costa Caribe Norte, al menos 15 están invadidos en su totalidad por el etnocidio que campesinos mestizos (colonos) ejecutan contra comunidades originarias, particularmente contra el pueblo Miskito y Mayangna, señalan líderes territoriales.

Varias comunidades que han sido víctimas de estas masacres, revelan que el objetivo es despojarles de sus tierras fértiles y territorios boscosos, para realizar tráfico de madera y expandir la frontera agrícola; problemática que ha incrementado desde la llegada de Ortega al poder en 2007.

Activistas manifiestan que más de 50 indígenas han sido asesinados; así mismo se registran violaciones y desplazamientos forzosos a causa de las invasiones. Ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la justicia, lo que ha generado un ambiente de impunidad e iniquidad en las zonas afectadas.

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“Desde el año 2015 se han registrado múltiples incidentes (asesinatos) contra líderes que se han manifestado frente a las invasiones (…) ninguno de los autores de estos delitos ha sido arrestado, al menos, públicamente no se han dado a conocer (…) no hemos sido atendidos por la justicia a cómo debería de ser, por ninguna de las víctimas se ha hecho justicia”, apuntan organizaciones defensoras de derechos en estas comunidades.

Concesiones mineras a transnacionales en zonas invadidas

También revelan que los invasores poseen armamento que únicamente se utilizan en conflictos bélicos, por ejemplo: FAL, UZI, M-60 y AR-15, por lo que líderes de las comunidades han acudido al Ejército para indagar sobre esta situación; sin embargo, las autoridades aducen que “no tienen órdenes de sus superiores para actuar” y por el contrario, han dado persecución a quienes defienden sus derechos.

Una fuente anónima de estas comunidades afirmó a Nicaragua Actual que dentro de las zonas invadidas se han otorgado concesiones mineras a transnacionales, sin importar la respuesta negativa que pobladores han dado a las “autoridades” de gobierno, aduciendo que hay personas de altos mandos políticos detrás del desplazamiento forzado para extraer oro y otros minerales de las zonas.

“Se ha demostrado que hay oro en los territorios indígenas, por ejemplo; Calibre Mining estaba gestionando concesiones mineras en territorios invadidos y las comunidades, después de haberse hecho una consulta, rechazaron esa propuesta; sin embargo, tenemos entendido que a esa empresa se le otorgó alrededor de siete mil hectáreas sin consentimiento de la comunidad”, develó la fuente.

La mayoría de las tierras que se encuentran tomadas, incluyendo el territorio Lilamni que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace algunos años, son parte de la Reserva de Biosfera Bosawás y han sufrido de graves daños a su flora, fauna y demografía.

Ejército y Policía ciegos, sordos y mudos

Por otro lado, uno de los comunitarios consultados describió que el Ejército ha desplegado personal del Batallón Ecológico en las zonas, supuestamente para “resguardar el orden y seguridad”, pero lo que hacen es controlar a los misquitos y otras etnias del lugar cuando se dedican a realizar sus actividades cotidianas.

“No contribuyen a reducir el problema, porque los problemas de las comunidades están en las montañas. Hay que ir a regular a los colonos no a los nativos. El Ejército no hace absolutamente nada, igual la Policía (…) y si la comunidad se organiza, llegan y neutralizan a los ciudadanos”, destacó el comunitario.

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El artículo 24 de la LEY DEL REGIMEN DE PROPIEDAD COMUNAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES ETNICAS DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA ATLÁNTICA, Ley 445, dictamina que “El Estado reconoce el derecho que tienen las comunidades indígenas y étnicas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. De la misma forma reconoce y garantiza la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas”; sin embargo, los pobladores de los territorios siguen esperando que esta legislatura se cumpla.