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  • 6:34 pm
  • Jul 9, 2021

Policía Sandinista sigue sin presentar a precandidatos presidenciales a un mes de su secuestro

La Policía Sandinista sigue sin brindar información sobre el paradero de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB), Violeta Granera, a un mes de haber sido secuestrados en una clara violación a sus derechos fundamentales. Con esta arbitraria e ilegal acción […]
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La Policía Sandinista sigue sin brindar información sobre el paradero de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB), Violeta Granera, a un mes de haber sido secuestrados en una clara violación a sus derechos fundamentales.

Con esta arbitraria e ilegal acción por parte de la dictadura de Ortega en contra de los opositores, también se les impide a éstos el derecho a reunirse con sus familiares, los mantiene en total indefensión, ya que ni siquiera sus abogados han podido verlos.

La dictadura orteguista, además, esta incumpliendo compromisos internacionales al ignorar la orden de liberar inmediatamente a Juan Sebastián, Félix y Violeta, emitida el pasado 24 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH); tribunal regional
que les otorgó medidas provisionales por considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad.

“Se desconoce si el Estado de Nicaragua cumplió el requerimiento de la Corte IDH, que estableció el 8 de julio como plazo máximo para informar sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Juan Sebastián, Félix, Violeta y la de sus núcleos familiares. Los tres opositores fueron secuestrados el 8 de junio por agentes de la policía, a través de un comunicado la institución confirmó que los había “detenido”, dice el comunicado emitido por la Oficina de Prensa del precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro.

Mediante otro comunicado se informó que, en audiencias secretas, en las que no se les respetó su derecho a ser acompañados por sus abogados, jueces ampliaron a noventa días el periodo de detención para ser investigados.

“Esta nueva escalada represiva ya incluye el secuestro de 26 opositores, entre dirigentes políticos, sociales, empresariales, estudiantiles y campesinos y se pretende juzgarlos por “traición a la patria”, delito contemplado en la recién aprobada Ley 1055. El grupo se sumó al de más de 120 presos políticos que ya permanecían en las cárceles”, resalta el documento.

Ortega viola al menos diez principios del derecho internacional

La oficina de prensa de Chamorro subraya en el comunicado que a partir de las capturas de Juan Sebastián, Félix y Violeta, se han violado al menos diez principios del derecho internacional.

  • Fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden
    judicial.
  • Se ignoró la presunción de inocencia que exige la ley.
  • Fueron sentenciados a noventa días de cárcel sin haber sido condenados por algún delito.
  • Permanecen bajo custodia en lugares desconocidos, donde se les niega el derecho a ser
    visitados por familiares y a mantener contacto con un abogado para su defensa. Por lo que sus familiares consideran que fueron secuestrados y están desaparecidos.
  • Están expuestos a jueces afines al régimen que no respetan el debido proceso.
  • Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se han referido a ellos como “terroristas” y “criminales”; alusiones que constituyen una injerencia ilegal en sus casos, porque ejercen presión sobre el Poder Judicial para condenarlos.
  • Al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, están
    expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos que, bajo el marco del derecho
    internacional al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura.

En medio del silencio oficial, los familiares de Juan Sebastián, Félix y Violeta, llegan tres
veces por día a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); entregan alimentos, artículos de
aseo y medicinas, pero sólo en algunas ocasiones les reciben, especialmente agua. Aseguraron que seguirán haciendo uso de los recursos legales existentes, para obtener una prueba de vida y hacer valer el derecho de sus seres queridos a la defensa y confían en que la Corte IDH continúe con el proceso para lograr su pronta liberación.

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