A seis años de la insurrección de abril, Ortega y Murillo azotan a Nicaragua

Este jueves se cumplen seis años de la insurrección de abril de 2018, aquel día que cambió el rumbo político y social de una Nicaragua sumergida en la opresión, la injusticia y la falta de transparencia en las gestiones públicas de la administración sandinista.

Fue una tarde de 18 de abril cuando una multitud de nicaragüenses, entre ellos personas de la tercera edad y jubilados, protestaban en Camino de Oriente en Managua, por una reforma que se preparaba en ese momento desde el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

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Desde entonces, la represión, el asedio y el hostigamiento políticos ha sido el pan de cada día del pueblo nicaragüense, sobre todo de aquellas personas que se identifican como opositoras a la dictadura de Daniel Ortega.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentaron que en Nicaragua fueron asesinadas 355 personas en el marco de las protestas antigubernamentales desde 2018, aunque informes de organismos nacionales han indicado que la lista podría ser mayor.

Prohibiciones y asedio

Los atropellos a las libertades del pueblo iniciaron sin descaro. La dictadura bloqueó todo intento de manifestación en su contra y obligó a miles de nicaragüenses a desplazarse forzadamente por seguridad.

Desde 2018 la lista de presos políticos en Nicaragua ha sido una preocupación constante de parte de la comunidad internacional, pues la dictadura ha incrementado su represión con la Policía ejecutando mecanismos de torturas y hacinamientos dentro de los calabozos. Actualmente existen 91 personas reconocidas como presas políticas: 17 mujeres y 64 hombres.

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Estados Unidos es el principal país en denunciar la violación a los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sobre todo en contra de la iglesia católica, pues la dictadura se ha ensañado en contra de los sacerdotes y obispos tras acusarlos de ser “golpistas” y “terroristas”.

En mayo de 2023 el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, denunció en su informe anual sobre la libertad religiosa sobre la persecución que vive Nicaragua contra los sacerdotes católicos por parte del régimen de Daniel Ortega.

Según una investigación titulado “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?” de la experta en temas religiosos, Martha Patricia Molina, desde 2018 hasta la fecha se registran al menos 529 agresiones perpetradas en contra de la iglesia católica, tras sufrir persecución por la dictadura sandinista.

Nicaragüenses apátridas

Cabe señalar que en 2023 la dictadura despojó su nacionalidad a 316 nicaragüenses, a quienes también les confiscó sus bienes en abierta violación a la Constitución, entre ellos religiosos, escritores, periodistas, defensores de derechos humanos y ex funcionarios sandinista.

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Además, se sabe que el éxodo provocado por la dictadura alcanza al 10% de la población total incluyendo a más de 440 mil nicaragüenses que han solicitado refugio en otros países, en donde enfrentan múltiples dificultades socio-económicas agravadas por los obstáculos institucionales para el otorgamiento del refugio.