¿Por qué las elecciones regionales de Nicaragua son una farsa?
Denuncian que la dictadura de Ortega lleva a cabo un proceso electoral en un contexto marcado por la represión, la persecución, la criminalización, el destierro y la desaparición de miembros de las comunidades indígenas.
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La defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, Anexa Alfred Cunningham, a quien se le impidió en 2022 ingresar al país tras su participación en un foro internacional de las Naciones Unidas (ONU), denunció que el proceso de votaciones en las Regiones del Caribe son una farsa montada por el régimen para aniquilar la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Explicó que en un contexto de graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes “como es el derecho a la libre determinación de estos pueblos que se ejercen mediante el régimen autonómico”, la dictadura no puede llevar a cabo elecciones libres, justas y transparentes, aún cuando no existe ninguna representación política de los pueblos indígenas dentro de las boletas electorales.
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Para Anexa, quien es miembro del Mecanismo de Experto por América Central y el Sur para las Naciones Unidas (ONU), el régimen de autonomía de las Regiones del Caribe Norte y Sur de Nicaragua está reconocido en la legislación nacional y es parte de una lucha histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes que es aprobado y defendido por diferente instrumentos internacionales.
Por ello, asegura que en Nicaragua se vive una farsa electoral con el propósito de aniquilar toda independencia de las Regiones del Caribe para la manipulación de las comunidades indígenas y afrosdecendientes quienes desde 2013 sufren el saqueo, la criminalización, la invasión de colonos y el desplazamiento forzado en sus mismos territorios.
“Las elecciones en la Costa Caribe son ilegales e ilegítimas, y a esto se suman más de 30 organizaciones de la sociedad civil que también denuncian el contexto en el que se está desarrollando estas elecciones como es la represión, la persecución, la criminalización, el destierro y desaparición de miembros de las comunidades indígenas, líderes de las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos sobre pueblos indígenas de la Costa Caribe”, denunció Anexa.
“Estas elecciones no nos representan”
La experta de la ONU, del pueblo miskitu de Nicaragua, también reconoció que esta farsa electoral montada por el régimen sandinista a través del Consejo Supremo Electoral (CSE) no “representa la voluntad de los indígenas y afrodescendientes” luego que se les impidiera “participar y ejercer su derecho político en este proceso”.
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Anexa hizo alusión a la cancelación de personalidad jurídica del único partido indígena, YATAMA, convirtiendo esta novena elección regional en las primeras en que no participa una organización política indígena, y recordó que la autonomía en la Costa Caribe “no es producto de una regalía de un gobierno o de un partido político como se ha querido señalar”, sino que es producto de una larga lucha de resistencia y que costó muchas vidas en los años 80.
“Eso lo podemos verificar en las boletas electorales. A ello se le suma una serie de irregularidades electorales que ya sabemos que es una práctica institucionalizada del régimen (sandinista) para poder tener resultados al margen de la ley”, insistió.
“Denunciamos y mantenemos que estas elecciones son ilegales, arbitrarias y que no representan la voluntad de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hoy en día nos corresponde seguir defendiendo ese derecho conquistados mediante métodos democráticos”, añadió.
Pide prueba de vida de Brooklyn Rivera
La experta de la ONU reiteró su denuncia por los atropellos a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendiente del Caribe de Nicaragua, quienes se enfrentan a la “invasión de tierras por los intereses políticos y económicos” de la dictadura dejando en “total desprotección” para seguir cometiendo “delitos de lesa humanidad dentro del territorio”.
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En ese sentido, denunció la desaparición forzada del diputado de YATAMA, Brooklyn Rivera, y de la diputada suplente Nancy Henríquez, quien ha sido sometida a detención ilegal y a un proceso ilegal al margen de todas las garantía judiciales en Nicaragua.
“Exigimos prueba de vida de Brooklyn Rivera quien permanece ya con más de 4 meses sin que se sepa dónde está. Nos sumamos al llamado de las organizaciones de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas (ONU) como del Sistema Interamericano, que han emitidos medidas de protección a fin de que se les garantice la vida e integridad”, finalizó.