Ortega quita poder a la Asamblea Nacional para elegir a Procuradores de DD.HH.

En un intento de atribuirle más poderes a la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, este viernes de manera unánime los diputados votaron a favor de reformar el Artículo 138 de la Constitución Política para suprimir la facultad de la oficialista Asamblea Nacional para elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua.

Con esta nueva “reforma parcial”, los legisladores establecen que la elección del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos queda al mando de la PGR, el principal brazo represó de Ortega y Murillo para oficializar la confiscación de todos los bienes e inmuebles y propiedades de las más de 4 mil ONG y empresas privadas que han sido canceladas por la dictadura desde 2018.

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La “reforma parcial”, a como lo titula la Asamblea Nacional, consiste en derogar el literal D del numeral 9 del artículo 138 que refiere a la facultad del Poder Legislativo para elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y endosarle esta atribución a la PGR.

Crean Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Por ello, los diputados también aprobaron de manera unánime este mismo viernes la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que permite la creación de este órgano como un “ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y administrativa, adscrita a la PGR y supeditada a la Constitución Política”.

El nuevo “ente autónomo del Estado” deberá estar íntimamente ajustado a las políticas del Poder Ejecutivo, por ello, en su artículo 7 se establece que “los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos y de oficina y cualquier otro bien que estén inscritos a nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, son propiedad de Ortega y Murillo.

Esta normativa de Ley indica que son funciones del Procurador General de la República “nombrar, remover o destituir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos”. Además, establece en su artículo 5 que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos podrá contar con las Procuradurías Especiales que estime pertinente.

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La Asamblea Nacional ratificó que la normativa deroga la Ley número 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicada en la Gaceta Diario Oficial del 10 de enero de 1996.