CIDH advierte falta de condiciones para realizar elecciones municipales libres y justas en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas en Nicaragua, por lo que urgió al régimen de Daniel Ortega a restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho, mediante la separación de poderes y el cese de la represión.

En una nota de prensa, la CIDH, indicó que el próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones municipales en Nicaragua para la renovación de más de 6 mil cargos públicos, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales, en los 153 municipios del país.

Dicho escenario ocurre en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral, de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales.

Al respecto, en semanas recientes, la Comisión manifestó haber constatado el recrudecimiento de la represión y persecución contra personas opositoras políticas, entre ellas, integrantes del partido del político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS).

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Documentan detención de lideres de UNAMOS

La CIDH indicó que, previo al proceso viciado de elecciones en Nicaragua, recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de UNAMOS en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado, ocurridos el 4 de septiembre de este año.

“Asimismo, se registraron al menos diez detenciones de integrantes de UNAMOS y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos”, resalta la nota de prensa de la CIDH.

Denuncia sustitución de facto en alcaldías opositoras

El organismo denunció que la Policía Nacional y operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sustituyeron de facto a las autoridades de cinco alcaldías bajo el mando del partido Ciudadanos por la Libertad -cuya personería jurídica le cancelaron en 2021-, luego de allanar las sedes el 3 y 4 de julio.

“Se registra que desde el año 2018, el FSLN tomó el control de facto de 7 alcaldías, de un total de 18 que no estaban bajo la administración del partido oficialista”, detalla el organismo.

La CIDH señala además que recibió información sobre la reforma a la Ley Electoral, número 331, que fue aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional, que limitaría la fiscalización por parte de la sociedad civil al proceso electoral, al establecer un proceso electoral exprés con menos juntas receptoras de votos; la realización de la campaña electoral en 20 días y la integración de los Consejos Electorales en 5 días; todas acciones contrarias a los estándares internacionales.

Para el organismo de la Comisión de la OEA, lo anterior se sigue registrando en un contexto de cierre y cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua. En particular, por las restricciones arbitrarias contra la libertad de expresión y de asociación, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la República de Nicaragua y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil.

Régimen amedrenta a la población para perpetuarse en el poder

“La persecución, hostigamiento, asedio policial en contra de trabajadores de la prensa, así como el cierre de al menos 54 medios de comunicación nacionales y la creación de un cerco de censura que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país”, agregan en su nota de prensa.

A criterio de la CIDH, la prolongada detención arbitraria de más de 200 personas, entre ellas, opositoras políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como las graves condiciones en las que permanecen privadas de libertad y las condenas desproporcionadas en su contra, tiene un efecto amedrentador en la población de cara a las elecciones locales, el cual resulta propicio para la perpetuación del poder y la cooptación de los últimos espacios disponibles para la participación política.

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Por lo anterior, la Comisión lamentó la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno. Además, recordó que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos.

“El Estado debe garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras”, indica el organismo.