Nicaragua otorga personería jurídica a organización china
Sin aclarar su propósito, el ilegal gobierno de Nicaragua autoriza a organización sin fines de lucro china funcionar en el país, pese a cierres masivos de oenegés.
Régimen de China y Nicaragua estrechan lazos
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Primera organización china autorizada
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprueba el funcionamiento de organización sin fines de lucro china. A través del Acuerdo Ministerial No. 24-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La Asociación Pro-Unificación Pacífica de China (APUPCN) es la primera oenegé china autorizada en el país y tendrá domicilio en Managua, por tiempo indefinido. Sin mayores detalles, la Ministra del Interior, María Coronel Kinloch, otorgó la personería jurídica el pasado 15 de mayo de 2024.
El acuerdo ministerial no comparte mayor información sobre los objetivos, miembros, lineamientos y fondos con los cuales la oenegé se desempeñará. Así como tampoco específica el carácter de la organización y no restringe sus actividades en ámbitos partidarios o políticos.
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La APUPCN en Nicaragua es fundada bajo el contexto de la Asociación Estratégica iniciada por ambas naciones desde la reanudación de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. Y la cual, promete, según los voceros del régimen, promover el desarrollo económico, político y social entre ambos países.
Criminalización de la Libre Asociación
El régimen de Daniel Ortega ha cancelado más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, desde 2021. Sin apegarse al orden constitucional, el cierre y confiscación de las oenegés se ha dado desde distintos mecanismos pero con el mismo propósito, ultimar los espacios de incidencia de la sociedad nicaragüense.
Desde organizaciones que protegen al medioambiente, centros de estudios o entidades promotoras de los derechos de la mujer y su protección, todas han sido clausuradas sin distinción. Vulnerando a mayor escala las precarias condiciones de vida de grupos sociales como las personas de la tercera edad, comunidades rurales o estudiantes.
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De esta forma el Estado se convierte en la única entidad competente para ofrecer y fiscalizar asistencia a la ciudadanía.
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