• Managua, Nicaragua
  • 9:17 pm
  • Jun 8, 2022

Parlamento Europeo votará propuesta de sanciones a magistrados y jueces del régimen de Ortega

Nicaragua y su grave crisis política volverá al estrado del Parlamento Europeo este jueves para discutir varias resoluciones que piden sancionar a magistrados y jueces al servicio del régimen de Daniel Ortega y responsables de múltiples violaciones a los Derechos Humanos. El europarlamentario Leopoldo López Gil, del Partido Popular, fue quien presentó una de las 7 propuestas […]
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Nicaragua y su grave crisis política volverá al estrado del Parlamento Europeo este jueves para discutir varias resoluciones que piden sancionar a magistrados y jueces al servicio del régimen de Daniel Ortega y responsables de múltiples violaciones a los Derechos Humanos.

El europarlamentario Leopoldo López Gil, del Partido Popular, fue quien presentó una de las 7 propuestas de resolución que demandan que jueces y fiscales sandinistas sean incluidos en la lista de nuevos sancionados por la Unión Europea.

Todas las propuestas de resolución acusan a Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictadorial, de instrumentalizar la justicia para implantar el abuso de poder y castigar con cárcel a opositores, periodistas, defensores de Derechos Humanos y sociedad cívil.

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“Hoy hay centenares de presos políticos en ese país, muchos detenidos y condenados a sentencias desproporcionadas despues de la última ola en el marco de  las elecciones generales” expresó el europarlamentario del Partido Popular, Leopoldo López Gil.

Gil condenó tambien la cancelación de la personería juridica a más de 400 Organizaciones no Gubernamentales y centró su comparesencia en evidenciar el papel represivo de los aplicadores de justicia que actúan bajo directrices de Ortega y Murillo.

“Viles jueces y fiscales han vuelnerado sistemáticamente las garantías procesales conviertiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los Derechos Humanos” aseveró Gil.

Una parlamentaria se sumó a la denuncia al declarar que la dictadura “arrasa y patea los Derechos Humanos” y por tal razón no puede tener ningún tipo de relación con el bloque Europeo.

Por su lado, Hermann Tertsch, del Partido VOX, declaró que los nicaragüenes viven una pesadilla permatente y terrible, y responsabilizó a los jueces por ejecutar “barbaridades” cobijadas por la impunidad con la que cuenta el ilegítimo gobierno.

“Esa impunidad se debe a que el régimen de Nicaragua tiene protección de Rusia, el Foro de Sao Pablo, y del grupo de Puebla, esas dos multinacionales del narcocomunismos son los que protejen al señor Ortega y es por lo que se siente capaz de hacer lo que hace”, indicó el eurodiputado.

Tertsch tambien presentó una propuesta de resolución que busca presionar al autoritarismo para devolverle la democracia a Nicaragua y cesar la represión en las calles y cárceles; su pensamiento es imponer “un bloqueo total, para acabar con ese régimen”.

Jordi Solé, del Partido Alianza Libre Europea, envió un mensaje a la dictadura explicando que las discuciones y votación de resoluciones no pueden ser calificadas como intromición e injerencia, sino deben ser vistas como la necesidad de restablecer los derechos y libertades arrebatadas a la sociedad.

Defienden a la dictadura 

Únicamente dos del total de parlamentarios que tomaron la palabra para referire al caso de Nicragua defendieron las acciones de Ortega-Murillo y los colocaron como víctimas de un supuesto colonialismo”.

“Este debate muestra la obsesión que tienen algunos sectores de este parlamento contra los gobiernos y movimientos democráticos y progresistas de Améica Latina, esto siempre ha sido así por parte de la extrema derecha especialmente la española, pero es muy triste ver a grupos que se consideran democráticos, incluido algunos progresistas, apoyar una resolución promovida por Vox que actúa como si Latinoamérica sigue sieno una colonia”, dijo Manuel Pineda, del partido Izquierda Unida.

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Este jueve el Parlamento Europeo tiene en agenda votar varias propuestas de resolución contra la dictaura y sus jueces por criminalizar la protesta, la discrepancia y disidencia, utilizando la justicia a criterio político de conveniencia gubernamental.

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