Diputados de Ortega cocinan reformas a leyes para perseguir a religiosos

Diputados al servicio de la dictadura de Ortega Murillo aprobaron la discusión de un informe presentado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, que pretende justificar la persecución política hacia religiosos y defensores de derechos humanos.

El informe, elaborado en base a consultas a puertas cerradas entre militantes sandinistas, funcionarios públicos y policías al servicio de Ortega, también propone aumentar la pena de cárcel a las personas condenadas por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, encabeza esta comisión parlamentaria  que promueve debatir en el parlamento dicho informe en el que se acusa a religiosos y defensores de derechos humanos por supuestamente cometer delitos “con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el gobierno”.

A criterio de los diputados sandinistas, las penas de cárcel y procesos judiciales deberían ser más severas contra “los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que en el 2018 se involucraron en la aventura golpista como dirigentes”.

“Es por esto que deberían también ser juzgados, y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso, como lo es en el caso del Colegio San José de Jinotepe”, advierte el numeral cinco del informe: Análisis de las Normas Jurídicas Aplicables a las personas que cometen delitos de Menoscabo a la Integridad Nacional.

Por tal razón, la Comisión de Justicia propuso crear un grupo interdisciplinario integrado por las instituciones del Sistema de Justicia Penal para una revisión de lo que sería un “plan de trabajo”, que finalmente sería aprobado por la dictadura de Ortega y Murillo.

Régimen busca ampliar años de prisión a supuestos “traidores a la patria”

Por otro lado, el informe destaca la necesidad de realizar algunas reformas al Código Procesal Penal en las que se pretende condenar hasta 20 años de cárcel a quienes son acusados por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.

LEER MÁS: Diputados cumplen encargo de Ortega de cancelar 50 oenegés

Hasta ahora, más de una treintena de presos políticos -entre empresarios, feministas, abogados, políticos, periodistas, entre otros, han sido juzgados a puertas cerradas en las celdas del “nuevo Chipote” en Managua, con penas desde 8 hasta 15 años de prisión.

Asimismo, proponen reformar el artículo 147 del Código Procesal Penal para crear la “obligación de guardar reserva al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la policía nacional durante una investigación en curso”, es decir, los obliga a no brindar declaraciones a medios de comunicación durante el proceso investigativo.

Dictadura confiscaríá bienes privados de condenados

Por otro lado, la Comisión de Justicia abogó para añadir al artículo 409 del Código Penal la confiscación de bienes de todos los condenados por supuesta “traición a la patria”, a lo que dominaron “extinción de dominio”, debido a que se trata de “pena accesoria”.

“Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de traición a la patria (…) así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado”, agrega el informe.

Tales propuestas de este informe son divulgadas en medio de una embestida política del régimen contra otras 50 organizaciones no gubernamentales, las cuales han sido señaladas por el Ministerio de Gobernación de incumplir con la Ley por supuestamente no presentar estados financieros y legales de dichas asociaciones.

LEER MÁS: ¿Qué busca el régimen de Ortega con un nuevo paquete de reformas electorales?

Este miércoles, la Asamblea Nacional eliminó la personalidad jurídica de 50 oenegés nicaragüenses, con las cuales ya suman 210 asociaciones canceladas desde 2018.