¿Qué busca el régimen de Ortega con un nuevo paquete de reformas electorales?

La bancada oficialista del FSLN en la Asamblea Nacional, conformada por 75 diputados al servicio de la pareja dictatorial, emitió una nueva iniciativa de reforma a la Ley Electoral, Ley 331, misma que ya habían reformado el año pasado de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, los cuales fueron señalados por varios países y organismos internacionales de ser una “farsa” electoral.

Tal iniciativa contempla nueve reformas de las cuales ninguna plantea una “reforma de fondo” que responda a la construcción de un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo; en cambio, parece ser que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo propone un mayor control sobre el proceso electoral, así como limitar la fiscalización ciudadana, señalan  algunos analistas.

A pesar que el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) autonombrado opositor, Léster Flores Mayorga, dijera en entrevista a medios independientes que las nuevas reformas buscan disminuir los gastos de campaña, o bien lo que él denominó “economía electoral”, evidentemente ninguna reforma obedece a las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos políticos e e internacionales.

“Todo lo que venga a mejorar y a hacer más eficiente el sistema electoral nosotros lo vamos a respaldar”, manifestó el diputado del PLC, partido señalado de ser colaboracionista del régimen.

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La directora del Observatorio Electoral Urnas Abiertas, Olga Valle, explicó en entrevista a Nicaragua Actual que tales reformas -presentadas por los usurpadores del poder, Ortega y Murillo- no plantean mejorar la transparencia o la integridad general del sistema electoral, lo cual indica que estas responden a intereses propios del régimen y que desatienden las recomendaciones que se han hecho desde la sociedad civil y distintos organismos de observación y la comunidad internacional.

“Una vez más el frente sandinista está haciendo una reforma unilateral al no tomar en cuenta las recomendaciones que ampliamente se han hecho. Lo que están intentando es evitar la fiscalización ciudadana por la rapidez con la que quieren realizar este proceso. Están limitando cada vez más la posibilidad de que estos consejos  los integren personas que sean neutrales o independientes”, explicó Valle.

Según la especialista en temas políticos, si el régimen tuviera la mínima intensión de mejorar los procesos de los Consejos Electorales, se tomarían en cuenta mejorar otros elementos fundamentales como la usurpación de estos consejos por secretarios políticos, alcaldes u otros operadores de la dictadura.

Cabe mencionar, que esta y otras irregularidades electorales fueron documentadas en 2021 por Urnas Abiertas durante la construcción de estos mismos Consejos Electorales, los cuales funcionan como “administración intermedia del proceso electoral”.

Vuelven a reducir tiempo de campaña electoral

Una reforma al artículo 74, de la Ley 331, hizo que en 2021 se estableciera una reducción de 42 a 20 días al período de campaña electoral, el cual podría verse nuevamente modificado, representando una enorme limitación a la posibilidad de la manifestación pública, la cual el año pasado fue restringida por la policía al servicio de Ortega y por la pandemia.

A esto es lo que se refirió el diputado liberal Flores Mayorga, y a lo que llamó “economía electoral”, por supuestamente velar para reducir el gasto de campaña de cada partido político a nivel nacional.

“son Artículos que buscan la economía electoral, o sea, reducir un poco los gastos en materia electoral tanto en campañas como en conformación de Centros de Votación y Juntas Receptoras de Votos”, justificó el jefe de la bancada del PLC.

Por su parte, Valle cree que “reafirmar una vez más estas reformas termina siendo insuficiente para tener un proceso íntegro y creíble que ayude a recuperar las libertades fundamentales”, principalmente la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua.

Además, considera que es necesario una reforma “profunda” tanto a la normativa como al Consejo Supremo Electoral que incluya las propuestas de otros actores democráticos, así como la observación durante todo el proceso electoral.

“Una vez más, recordamos que para lograr un proceso electoral legítimo, íntegro y creíble se necesitan condiciones democráticas adecuadas, una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de Derechos Humanos por la que atraviesa Nicaragua”, indicó una nota de Urnas Abiertas.

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La propuesta pretende reformar los artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la actual Ley Electoral, en base a la supuesta “experiencia que nos dejó el proceso electoral del 2021”, justificó la bancada oficialista.