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  • 4:29 pm
  • Abr 24, 2024

Colectivo: 22 religiosos desnacionalizados, 42 desterrados y 65 criminalizados en Nicaragua

“En general, se contabilizan al menos 170 personas religiosas que han sido desterradas, deportadas, exiliadas o impedidas de ingresar al país”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Congelan Fondo sacerdotal a sacerdotes en retiro

Catedral Metropolitana de Managua.

  • Nicaragua Actual
  • Cortesía

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este miércoles el tercer boletín sobre violación a la libertad religiosa en Nicaragua, en el que contabiliza a 22 religiosos católicos desnacionalizados, 42 desterrados o la criminalización a 65 personas de fe.

El informe titulado “Destierro, desnacionalizacion y criminalizacion a religiosos en Nicaragua”, presenta un resumen de los ataques represivos de la dictadura sandinista contra la iglesia católica nicaragüense entre enero de 2023 y marzo de 2024.

El cierre de espacios cívicos y democrático en Nicaragua ha incluido restricciones a la libertad de religión como la prohibición de celebraciones religiosas, la criminalización de servicios religiosos, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de personas y órdenes religiosas, entre otros.

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Para el Colectivo, Nicaragua contabiliza desde 2023 al menos 317 personas desnacionalizadas, entre estas 22 personas religiosas católicas.

“Un primer grupo de 11 personas, entre éstas: 8 religiosos y 3 personas laicas que colaboraban como comunicadores para la Diócesis de Matagalpa, fueron parte de las 222 personas excarceladas el 9 de febrero de 2023”, reza el boletín.

“A estos 11 religiosos, el Ministerio Público los acusó por los delitos de: “Conspiración para cometer Menoscabo a la Integridad Nacional y Propagación de Noticias Falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua””, añade.

Destierro y desnacionalización injustificada

El Colectivo reporta que también el 15 de febrero de 2023, la justicia orteguista decidió desnacionalizar a un grupo de 94 personas nicaragüenses, dentro de los cuales hay, al menos, 10 sacerdotes católicos, los cuales también fueron despojados de sus derechos políticos, de todas sus propiedades, y se les calificó como personas “prófugas de la justicia”.

Pero eso no es todo, pues desde ese momento hasta el pasado mes de marzo, se han desterrado a 35 sacerdotes u obispos, a 4 seminaristas y a 3 laicos, quienes fueron detenidos arbitrariamente por su participación religiosa.

“Los religiosos han sido “deportados”, 11 a Estados Unidos y 31 ellos a la Santa Sede del Vaticano”, indica.

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“En general, se contabilizan al menos 170 personas religiosas que han sido desterradas, deportadas, exiliadas o impedidas de ingresar al país, incluyendo en estas personas al menos a 76 monjas expulsadas”, agrega.

Religiosos detenidos en Nicaragua

El Colectivo informó también que 65 personas de fe han sido criminalizadas en Nicaragua. De este grupo, han sido detenidos 14 en 2022, 41 en 2023 y 10 de ellos han sido procesados en ausencia.

Es por ello que el Colectivo denuncia que las personas religiosas en Nicaragua han sido víctimas de al menos cuatro crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Primero la deportación o traslado forzoso de población, segundo la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, luego la tortura y por último, pero no menos importante, por la persecución de un grupo o colectividad.

“Por lo que hemos venido denunciando, esta persecución contra la iglesia católica y en la actualidad dicha persecución continúa agudizándose por hechos consistentes a la prohibición para la realización de actos religiosos y la celebración de misas”, señala el Colectivo.

“El despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense en contra de estos 22 religiosos católicos, el destierro de al menos 42 religiosos o la criminalización a 65 personas de fe, resulta contrario a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, finaliza.

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