Diputados orteguistas sepultan autonomía universitaria y sacan a la UCA del CNU

La reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior que introdujo el diputado orteguista Gustavo Porras, se consumó este jueves al ser aprobada con votos 75 votos a favor por parte de la bancada sandinista y sus aliados.
La dictadura cumplió su “capricho y venganza” al sacar a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos del 6% constitucionales.

Con esta salida forzada de la casa de estudios, la UCA pierde alrededor de unos
251.8 millones de córdobas, es decir unos 8.1 millones de dólares anuales, provenientes del 6% que el Estado otorga a las universidades que conforman el CNU.

Con esta acción arbitraria, los diputados sandinistas dejarán sin becas a miles de estudiantes de bajos recursos que se beneficiaban de esa asignación presupuestaria, a quienes ya se les había reducido anteriormente por recortes asignados.

Para especialistas en temas educativos, líderes y activistas estudiantiles estas reformas son una “aberración jurídica” a la autonomía universitaria y una represalia política a la UCA, porque ha mantenido viva la llama del pensamiento crítico dentro del estudiantado y que, además, ha propiciado en tener un modelo fuera de los cánones que establece la dictadura.

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¿Qué dice la reforma a estas leyes?

En el caso de la Ley de Autonomía Universitaria fueron reformados siete artículos. El primer cambio fue en el artículo cuatro.

El vigente dividía en tres categorías a las instituciones de Educación Superior (IES): públicas, que incluía a la UNAN-Managua, UNAN-León, a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y a la Agraria (UNA); privadas, a la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue cancelada la personería jurídica en febrero de este año y los Centros de Educación Técnica Superior que incluía a las Escuela internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas (EIAG) y la Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí (EAG).

Con la reforma ahora se establece que hay universidades estatales, comunitarias e interculturales, privadas, Centros de Educación Técnica Superior y Centros e Institutos de Estudios e Investigación por Ley, para emitir títulos y grados académicos, sin mencionar nombres.

Otra de las reformas aprobadas este jueves establece que ahora el CNU, según el nuevo artículo 56, estará integrado por los rectores de las universidades estatales y señala a la la UNAN-Managua, la UNAN-León, la UNI, la UNA, la recién creada Universidad Nacional Politécnica (UNP)antes Upoli, la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

También fueron incluidos los rectores de los centros de educación superior Bluefields Indian and Caribbean University (BICU)y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) y una universidad privada designada por el CNU, sin mencionar nombre.

El régimen mantiene al presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua (Fesitun), pero saca a la Asociación de Trabajadores Docentes e incluye al representante de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior (Fepdes).

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Con esta reforma  en el artículo 57, se establece que el presidente y el vicepresidente del CNU serán electos por el voto de los rectores de las universidades estatales y comunitarias e interculturales, por un período de dos años. En la reforma se elimina también la participación del Ministro de Educación, quien tenía voz pero no voto dentro del CNU.

Otro de los cambios fue en las funciones del CNU, el cual ahora aprobará y coordinará la “política nacional de la Educación Superior del país, en función de los recursos y situaciones existentes”. Además, autorizará la creación de nuevas IES y podrá aprobar moratorias para autorizar nuevas instituciones de educación superior.