CNU podrá cerrar carreras y universidades privadas que no se alineen al régimen

La dictadura sandinista de Daniel Ortega le otorgó todas las facultades y el poder total al Consejo Nacional de Universidades (CNU) en la toma de decisiones en las entidades de educación superior, incluyendo la elección de su personal.

Así fue estipulado por la Asamblea Nacional al servicio de la pareja de dictadores, quienes aprobaron la Ley de Autonomía (Ley 89) y la Ley General de Educación (Ley 582), cuya normativa establece que se anula oficialmente la independencia universitaria.

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La enmienda rige que las universidades ya no tienen la facultad de hacer cambios “por si mismas” como lo establecía el Artículo 8 de la Ley 89, mismo que fue reformado.

Es decir, los recintos universitarios ya no podrán nombrar ni remover a su personal académico y administrativo, cambios en el programa de estudios e investigación de los alumnos, y tampoco pueden elaborar presupuestos internos y gestiones financieras sin el consentimiento del CNU.

También, se reformó el Artículo 17 el cual indica que el nombrado Rector o Rectora de cualquier centro de estudios profesionales, “será electo por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto”; esto significa que podrá mantenerse en el cargo por tiempo indefinido.

En ese sentido, otro Artículo que fue reformado fue el 13, el cual establece que solo el CNU tiene la autoridad máxima para nombrar o destituir a las autoridades administrativas de las universidades estatales, comunitarias, interculturales y privadas.

Universidades privadas pasan a sociedades mercantiles 

En el Artículo 13 de la Ley 89, la dictadura sandinista adicionó que las “universidades privadas se organizarán y gobernarán según lo que señalen sus estatutos y reglamentos, y podrán adoptar la naturaleza jurídica de sociedades mercantiles”.

Es decir, que ahora las universidades que van a operar bajo naturaleza mercantil y quieran acceder al presupuesto universitario otorgado por la dictadura, tendrán que enviar un informe al Consejo de Dirección, y luego estos lo enviarán al CNU quienes serán los responsables de modificar o aprobar la propuesta.

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Aunque el CNU sea en ente que aprobará los presupuestos de las universidades, estos fondos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes serán los encargados de la distribución del dinero del 6% de acuerdo a establecido en la ley.