• Managua, Nicaragua
  • 8:45 pm
  • Ene 9, 2022

FSLN oficializa secuestro absoluto del Parlamento y asegura su continuidad ilegítima en Nicaragua

Por DESPACHO 505 El período legislativo legislativo 2022-2026 ha quedado inaugurado este domingo en Managua. Dos hechos marcan este evento, la ilegitimidad que cobija la continuidad del orteguismo en Nicaragua y el secuestro absoluto del Parlamento por parte del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que llega a ocupar 75 de los 91 escaños. […]
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Por DESPACHO 505

El período legislativo legislativo 2022-2026 ha quedado inaugurado este domingo en Managua. Dos hechos marcan este evento, la ilegitimidad que cobija la continuidad del orteguismo en Nicaragua y el secuestro absoluto del Parlamento por parte del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que llega a ocupar 75 de los 91 escaños.

En un hecho sin precedentes en Nicaragua, desde este 9 de enero un sólo partido controlará más del 80 por ciento del Legislativo, como resultado de unas votaciones generales carentes de garantías democráticas.

La sesión solemne inició a las 10:18 de la mañana con las notas del Himno Nacional y fue presidida por los magistrados orteguistas del Consejo Supremo Electoral (CSE), como lo establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La magistrada presidente del CSE, Brenda Rocha, calificó las votaciones del 7 de noviembre de 2021 como “uno de los procesos electorales más destacados en la historia electoral reciente”, ya que, según sus cuentas, hubo una participación del 65.26%, un dato que contrasta con el 81.5 por ciento de abstención que estimó el organismo independiente Urnas Abiertas y los señalamientos de ilegitimidad y deterioro de la democracia que señala una amplia mayoría de la comunidad internacional que consideran que los comicios no fueron justos, transparentes ni creíbles.

Rocha elogió el proceso y mencionó que el Poder Electoral “ejecutó un plan de mejoramiento y modernización en coherencia con la Constitución Política y la reforma a la Ley Electoral”, omitiendo las ilegalizaciones exprés de tres partidos políticos que ejecutó y que impidieron la participación de la oposición.

El acto fue sellado con la entrega de credenciales a los diputados “electos” y la toma de promesa de Ley.

MAYORÍA SANDINISTA Y CON FONDO PARA SU BANCADA

La Asamblea Nacional de Nicaragua está conformada por 90 diputados que deberían ser electos mediante el voto popular, libre, directo y secreto y dos más, según disposición constitucional, que corresponden al presidente saliente y el candidato que obtiene el segundo lugar en los comicios; sin embargo, esta vez habrá 91 legisladores debido a que Ortega se ha asignado un cuarto mandato consecutivo y el segundo llevando a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Para el período de cinco años que inicia, los sandinistas tienen una mayoría aplastante en el Parlamento, ocupan 75 de las 91 sillas; el PLC tiene apenas 10 representantes; la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) alcanzó dos escaños al igual que el Partido Liberal Independiente (PLI). En tanto, La Alianza por la República (APRE) y Yatama tiene un diputado cada uno.

Con estos números, sólo el Frente Sandinista y el PLC tienen derecho a formar su bancada, ya que el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las bancadas parlamentarias se integran por lo menos por cuatro diputados.

El siguiente artículo de la ley establece que del presupuesto de la Asamblea Nacional debe contener una partida suficiente para ser asignada a las bancadas parlamentarias, “distribuida proporcionalmente al número de diputados y diputadas agrupados en ella.

También se pondrá a disposición de éstas, locales adecuados, mobiliario y equipos de trabajo”.

LEER MÁS: Asamblea orteguista toma posesión bajo un manto de ilegitimidad

En la bancada sandinista, si bien habrá rostros nuevos, repiten veteranos del trabajo legislativo como los sancionados Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, Gustavo Porras y el nuevo orteguista Wilfredo Navarro. Acumulan más de 25 años “trabajando” como diputados, percibiendo una remuneración estimada en más de 90,000 córdobas más otros beneficios.

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