Opositores demandan postura firme a comunidad internacional ante segundo informe de la ONU sobre dictadura sandinista

Este 29 de febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentaron un segundo informe en la Organización de las Naciones Unidas donde concluyen que se identificó la “estructura organizada del Estado represor” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han destruido las voces críticas e incapacitado cualquier tipo de oposición.

El informe indica los dictadores Ortega y Murillo, “tienen control sobre todos los demás poderes e instituciones del Estado y son responsables de cometer el delito de crimen de lesa humanidad y persecución política contra los nicaragüenses”.

Este segundo informe va en la misma línea del primero que fue presentado en marzo del año pues, pero en esta ocasión el Grupo de Expertos identifican a funcionarios de distintas instituciones estales que sugieren deben ser investigados por presuntamente participar en crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril de 2018.

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En los resultados de la investigación identifican a Horacio Rocha y Néstor Moncada Lau, asesores de confianza del régimen orteguista, señalados de llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras y sus familiares.

Entre los identificados también se encuentran los secretarios políticos del Frente Sandinistas, encargados de realizar los servicios de inteligencia en cada barrio, comunidad de cada municipio y departamento del país. La misión de estos es fichar y vigilar a quienes han hablado en contra del partido o los líderes sandinistas.

El Grupo además confirmó que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha apoyado al Gobierno promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión y delitos.

“La Asamblea Nacional aprobó varias reformas constitucionales que entraron en vigor sin haber seguido el procedimiento previsto en la Constitución. Al menos tres de estas reformas fueron aprobadas por unanimidad. En un caso, Porras reconoció públicamente que la Asamblea Nacional había actuado siguiendo las órdenes del presidente”, dice el informe.

Los expertos también señalan a diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Dirección General de Migración y Extranjería, a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, entre otras, de ser los principales instrumentos en la comisión de violaciones a los derechos humanos de los opositores.

Oposición exige posturas más firmes

Luego de exponer los hallazgos, el Grupo de Expertos emitió una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua, sin embargo, deserrados opositores exigen medidas más firmes y contundentes.

“Es un reporte muy contundente, muy fuerte en contra de la dictadura de Ortega y Murillo, realizado por un Grupo de Expertos cuya independencia en el conflicto sociopolítico no hay ninguna duda de su independencia, por lo tanto, tiene un peso muy fuerte”, calificó el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro.

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Para el también desterrado Félix Maradiaga, la investigación es contundente por lo que permite crear una hoja de ruta para que los organismos internacionales tomen una postura más firme en cuanto a la financiación a la dictadura.

“Este informe establece la necesidad de la búsqueda de justicia internacional y se convierte en una herramienta para profundizar en la búsqueda de la justicia”, enfatizó.

Por su parte, Juan Diego Barberena del Directorio Político Concentración Democrática Nicaragüense, Monteverde, pidió a la comunidad internacional hacer eco de la petición de la ONU de que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometida por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua.

El opositor solicitó la atención de los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional a tomar en cuenta los parámetros de derechos humanos que han sido violentados por la dictadura, por ende, no continuar oxigenando a la tiranía a través de préstamos o acuerdos comerciales.