“La iglesia sigue siendo una voz de denuncia”: Colectivo acusa al régimen de violar la libertad religiosa

Mediante un informe detallado sobre las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, este miércoles el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más denunció los ataques desmedidos de la dictadura sandinista en contra de la Iglesia católica nicaragüenses y sus autoridades, desde 2018, misma que ha incrementado con violencia desde 2022 con la detención y el destierro de decenas de sacerdotes.

El organismo de derechos humanos informó que en 68 meses de crisis sociopolítica, las agresiones y violaciones a loa derechos humanos no cesan en Nicaragua a pesar del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la comunidad internacional. El informe devela una descomunal y arbitraria campaña de difamación y desacreditación en contra de la iglesia católica nicaragüense.

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El informe señala que en 2018 los templos fueron albergues de heridos, los sacerdotes abogaron por los manifestantes detenidos, acompañaron a las víctimas de la represión y los asesinatos, y fueron mediadores en el Diálogo Nacional, lo que les costó la persecución y el asedio, además de los discursos de odio de Ortega y Murillo.

“En julio de 2018 dijeron que los obispos eran ‘golpistas’. Desde entonces han ocurrido profanaciones, sacrilegios y robos en los templos católicos”, señala el informe titulado “Ataques a la libertad religiosa con énfasis en las agresiones a la comunidad católica de Nicaragua”.

Detenciones y destierro de religiosos en Nicaragua

Algo sin precedentes en Nicaragua es la zozobra que viven los sacerdotes y ahora el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, preso político de Ortega y Murillo condenado en febrero pasado a 26 años de prisión. En 2022 fueron detenidos y judicializados 11 religiosos por propagación de noticias falsas y traición a la patria, y dos sacerdotes por delitos comunes, el padre Manuel Salvador García y monseñor José Leonardo Urbina.

“En una estrategia para evitar cualquier expresión de protesta en Nicaragua, el régimen instaló un estado policial de facto que, por medio del uso excesivo de la fuerza reprime cualquier expresión de ciudadanía que pudiera provocar otro levantamiento cívico, ese contexto permitió un ambiente de impunidad y violencia contra la iglesia”, agrega el informe.

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El Colectivo detalló que en los primeros dos meses del año el Poder Judicial había judicializado a 9 sacerdotes, 2 seminaritas y 3 comunicadores de la Diócesis de Matagalpa, quienes en febrero pasado fueron desterrados a EE.UU. entre una lista de más de 200 reos políticos, quienes además fueron despojados de su nacionalidad.

“Luego a mediados de febrero pasado la dictadura despojó de su nacionalidad 94 personas más, entre ellos 10 sacerdotes”, reitera.

La libertad religiosa, un derecho universal

Las condiciones para la iglesia católica son cada vez más dramáticas frente a las agresiones de la dictadura Ortega y Murillo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de Eliminación de todas las formas de Intolerencia y Discriminación Fundades en la Religión o las Convenciones, establecen que la libertad de religión es un derecho universal.

Además es un derecho respaldado por la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 29: “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia”.

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Escalada de agresiones

Para el Colectivo, las agresiones de la dictadura en contra de la iglesia católica han trascendido desde cierres de organizaciones religiosas, confiscación de universidades católicas y centros de formación religiosa, así como instituciones humanitarias como Cáritas Estelí.

El organismo registró entre abril de 2018 y marzo de 2018: campañas de estigmatización y descalificación, ataques a templos y destrucción de símbolos religiosos, agresiones físicas contra miembros/as de la iglesia, amenazas de muerte y detención, hostigamiento y persecución contra sacerdotes y sus familiares, y suspensión de fondos para parroquias y actividades religiosas.

Entre abril de 2019 y enero de 2022 reportó: inicio del exilio de sacerdotes y personas ligadas a la Iglesia católica, hostigamiento, amenazas y detenciones a feligresía católica, asedio a templos en actividades de conmemoración a las protestas o personas asesinadas, cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la Iglesia Católica, persecución selectiva de sacerdotes objetivizados, agresiones físicas de terceros o simpatizantes del FSLN a sacerdotes.

Entre febrero de 2022 y enero de 2023: ruptura de relaciones con la iglesia católica: expulsión de Nuncio Apostólico, cierre de medios de comunicación, universidades y asociaciones humanitarias ligadas a la iglesia católica, expulsión de personas religiosas y/o miembras de la iglesia católica, retención y/o despojo de pasaportes, incremento del exilio de miembros/as de la iglesia católica, prohibición de ingreso al pais, y privación de libertad, judicialización y condena: sacerdotes presos políticos.

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Y entre febrero de 2023 hasta la actualidad: despojo arbitrario de la nacionalidad a sacerdotes y personas miembras de la Iglesia católica, destierro y continuación del exilio, acusación de lavado de dinero, congelamiento de cuenta, confiscación de bienes y activos, prohibición absoluta de realizar actividades religiosas públicas, detención y judicialización a feligresía por participar en actividades religiosas y consolidación de la censura.