Nicaragua no asiste ante Corte IDH por caso de violaciones a derechos de comunidades indígenas

Nicaragua fue la gran ausente en la audiencia pública realizada por la Corte IDH este jueves 02 de febrero en el Caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra del Estado nicaragüense, en donde establecen una serie de demandas entre ellas la demarcación territorial y la derogación de la Ley del Gran Canal Interoceánico para Nicaragua.

“Destaco que el Estado de Nicaragua no ha acreditado agentes que lo representen en esta audiencia, pese a haber sido debidamente notificado”, dijo al momento del inicio de la sesión, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CorteIDH.

Erick Acuña, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presenta las demandas ante la CorteIDH, también lamentó que el Estado nicaragüense no mandara a su representante a la audiencia pública.

Dolene Miller, representante de la Comunidad afro descendiente Creole, compareció en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las comunidades Monkey Point y Negra Creole y otras comunidades.

Miller explicó ante los magistrados de la Corte IDH cómo el gobierno de Daniel Ortega ha violado todos los derechos de autonomía, territoriales e incluso la integridad física de los habitantes de esas comunidades y pueblos, y cómo el régimen de Ortega conformó un gobierno paralelo al establecido y elegido por los habitantes de esa región.

El caso, que fue presentado ante la Corte IDH, se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado por la violación de diversos derechos de los pueblos Rama y Kriol, incluyendo las nueve comunidades que integran el territorio de dichos pueblos, así como de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros.

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En el documento se detalla que el pueblo Rama y Kriol está integrado por nueve comunidades indígenas, seis del pueblo Rama y tres del pueblo Kriol, que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el Departamento del Río San Juan, al sureste de Nicaragua.

Asimismo, que la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB o Comunidad de Bluefields) es la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua y su desarrollo histórico se vincula al sincretismo de las sociedades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe.

Territorios invadidos por personas del Pacífico

Miller expuso que esa región ha sido desproporcionadamente poblada por personas del Pacífico y esto viene a alterar la composición étnica, que ha cambiado dramáticamente y se ha proliferado el monocultivo en áreas de bosque, con el permiso del Estado, y la falta de delimitación territorial.

“Hemos visto un incremento fuerte de población del Pacífico hacia la Costa, afectando áreas muy importantes, pero lo más fuerte para nosotros es que el Estado no ha hecho un censo poblacional desde el 2005”, denunció Miller.

Para la representante de los pueblos indígenas y afrodescendientes esto último significa que hay un problema grave que todavía no han logrado identificar.

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263 km2 de las comunidades destinados ilegalmente al Gran Canal

En la presentación del caso también se detalla que estos pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes habrían reivindicado el reconocimiento, titulación y demarcación de su territorio tradicional, procurando su protección frente a iniciativas que pusieran en riesgo su integridad física y cultural.

Sin embargo, en 2013, el Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur (CRAAS) aprobaría la autorización por el Estado de Nicaragua del megaproyecto “Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, y en 2014, el Gobierno habría anunciado que la ruta del canal interoceánico atravesaría el territorio Rama y Kriol.

Ante esto, los pueblos Rama y Kriol, habrían solicitado información sobre el proyecto, y
pedido sostener un diálogo previo al procedimiento de consulta. En respuesta a ello, se
habría realizado un plan de consulta y el gobierno se comprometería a “no expropiar” las
tierras de estos pueblos, ni confiscar sus recursos naturales.

No obstante, en 2016, la Asamblea Territorial del Pueblo Rama y Kriol habría aprobado un Convenio de Consentimiento para arrendar 263 km2 del territorio de las comunidades por tiempo indefinido a favor de la Comisión Gubernamental a cargo del GCIN. Al respecto, algunos de los miembros del gobierno de los Pueblos Rama y Kriol denunciaron públicamente que habían sido presionados para firmar el acta de aprobación del convenio.

Rupert Allen Clair Duncan, vocal de la Junta Directiva del Gobierno Comunal de Monkey Point, afirmó ante las preguntas que le hicieran los magistrados de la Corte IDH que los habitantes del territorio Rama y Kriol no fueron consultados para la creación de la Ley 800 y la 840 del Gran Canal Interoceánico para Nicaragua.

“En ningún momento, no nos fue consultado, nosotros nos dimos cuenta por los medios televisivos, radiales y por los periódicos que habían hecho esa ley y que la habían aprobado”, dijo Clair Duncan y agregó que demandaron primeramente con un recurso de Amparo de la Ley 800 y la 840, que buscaba expropiarlos de sus territorios, pero que hasta el momento el Estado no les ha respondido.

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“Donde iban a tocar directamente era donde están los dos asentamientos en esas comunidades, donde están las viviendas, donde están los colegios, donde está el Centro de Salud, donde están todas las actividades que hacemos nosotros en esas comunidades”, detalló Clair Duncan y añadió que por esto establecieron otra demanda en contra de la Ley 840.

El representante de las comunidades también denunció que ha sido hostigado y amenazado por personas vinculadas al régimen de Ortega por la denuncia que ha mantenido de las reiteradas violaciones de los derechos a estos pueblos indígenas y afrodescendientes.

“En consecuencia, se arguye que el Estado es responsable por la violación de los derechos
a la propiedad, derechos políticos, igual protección ante la ley, garantías judiciales,
protección judicial y el derecho a un medio ambiente sano establecidos en los artículos
8, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”, dice el documento del caso presentado por la CIDH ante la Corte IDH.