Torturados, los testimonios de horror que la dictadura Ortega-Murillo negó a la ONU

POR DESPACHO 505

El 24 de mayo de 2018 mientras Nicaragua vivía la ebullición de las protestas ciudadanas contra Daniel Ortega, Marcos Novoa fue secuestrado en una calle de Managua. Tenía 25 años y era estudiante universitario. Sus captores fueron civiles armados que lo condujeron a un sitio que identificó como una cárcel clandestina de la Policía Orteguista, donde fue violado, golpeado, electrocutado y amenazado de muerte.

«Me chucearon con electricidad. Me dieron en el estómago varias veces, me dieron en los testículos. Esas no son personas, son monstruos”, denunció tras recuperarse del estado deplorable de salud en el que quedó con tan sólo ocho días en ese lugar.

Marcos tuvo que volver a aprender a caminar y superar las secuelas que le causaron las vejaciones a las que fue sometido. Requirió meses de hospitalización en un centro de Estados Unidos. Y apenas recuperó las fuerzas decidió denunciar, convirtiéndose en uno de los primeros rostros de la tortura que practica la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

VÍCTIMAS DE TORTURA

El testimonio de Marcos hace parte del libro Tribunal de Conciencia y los malos tratos que sufrió también los ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas, e instancias de derechos humanos.

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“Mi misión es contar mi historia y ser la voz de las personas que están en mi situación”, dijo Novoa a la cadena de noticias Telemundo cuando en reveló con detalle los métodos de castigo que sufrió estando en poder de la Policía.

El caso de Marcos es uno de denuncias de opositores que aseguran fueron víctimas de tortura y tratos crueles y denigrantes desde 2018, cuando Ortega decidió retener el poder mediante el poder de las armas.

Ortega niega todo. A alzamiento popular le llama intento fallido de golpe de Estado“, a los manifestantes los señala de terroristas pagados por potencias extranjeras. En Nicaragua no se practica la tortura”, se lee en la carta que envió la Cancillería de Nicaragua a Claude Heller, presidente del comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, instancia que el 15 de julio de 2022 tuvo una segunda revisión periódica de la situación en el país.

Al encuentro no asistieron representante del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero en el documento el oficialismo acusa al Comité de las Naciones contra la Tortura de ser una “caja de resonancia de las políticas imperialistas, abusivas y deshonestas de quienes han establecido guiones para atacar a nuestro país sin tener facultades o derechos para atribuirse decisiones sobre países libres y soberanos como el nuestro”.

MÁXIMA CRUELDAD

El informe denominado «Detenidos, torturados y desplazados: El presidio político y sus secuelas en Nicaragua», elaborado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) y hecho público a finales de junio, recoge testimonios de 30 víctimas de tortura.

Son nicaragüenses que sufrieron detención arbitraria «como consecuencia de la represión desatada por parte del Estado frente a las manifestaciones” de abril del 2018 cuyos relatos exponen métodos de máxima crueldad.

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“El 12 de noviembre del 2019 fui capturado al salir de [ubicación omitida]. Los agentes policiales me agarraron con exceso de fuerza, me daban patadas y golpes […] y me asfixiaron parcialmente hasta montarme en una patrulla, donde fui apuntado con una escopeta y amenazado de muerte mientras me trasladaban al Chipote [DAJ]. Iba enchachado con las manos para atrás en la tina de la camioneta [patrullera] y un oficial me ordenó arrodillarme, yo no lo hice, y me tomó del pelo y me estrelló la cara contra la tina del vehículo.

TORTURA

Me puso su bota en la cabeza y me iba aplastando con más fuerza, gritándome que me iba a matar. Cuando llegué al Chipote, me bajaron [de la patrulla] y me tomaron dos oficiales de policía por la espalda, uno de ellos me comenzó a ahorcar y el otro estaba adelante y me dio varias bofetadas, hasta que me desmayé. Así me metieron [a las instalaciones]”, dice parte del testimonio de una de las víctimas.

“Me dijo [el oficial a cargo del interrogatorio] que ya que yo no quería cooperar iban a traer a mi hija a [ubicación omitida], porque mi hija ya era grande y querían abusar sexualmente de ella y comenzó de escribirme todos los actos sexuales que iban a hacer con la niña ya que yo no estaba cooperando”, dijo otra persona que también pasó por la cárcel en Nicaragua.

La RIDH hizo un llamado al Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura (CAT) a que inste al Nicaragua “a garantizar de inmediato la apertura de las investigaciones judiciales por los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos y degradantes, con el objeto de enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los casos, garantizando que estas investigaciones sean imparciales e independientes y cuenten con la presencia de observadores internacionales”.

138 CASOS DOCUMENTADOS

Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado al menos 138 casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, de estos 116 fueron cometidos contra hombres y 22 mujeres, incluyendo una mujer Trans.

“Esta sistematización nos ha permitido identificar al menos 27 centros policiales, 4 centros penitenciarios y 9 centros clandestinos o irregulares donde se han cometido estos actos de torturas. Los casos recolectados nos expresan una temporalidad de tortura permanente en el país, con hechos documentados desde abril de 2018 hasta marzo de 2022”, señala el sexto informe del Observatorio Nicaragüense contra la tortura, que es parte del Colectivo.

El Colectivo destaca la situación de riesgo por tratos crueles y torturas contra los más de 190 presos políticos: han sido víctimas de golpizas, aislamiento, restricciones de alimentos, amenazas, agresiones psicológicas, incomunicación con sus familias por largos períodos o suspensión injustificada de las visitas, detalla.

Además, no les permiten tener colchones, material de lectura, son sometidos a aislamientos prolongados y los siguen interrogando a pesar de que ya fueron condenados.

“Las autoridades judiciales han agravado el sufrimiento y han arriesgado la vida, integridad y salud de las personas presas políticas, dejándoles en desamparo y no haciendo valer sus derechos más básicos. La desprotección judicial se ha implementado como un mecanismo necesario para la concreción de la tortura y malos tratos, apartándose de su función tuitiva, obligaciones jurisdiccionales impuestas por la Constitución Política, Leyes internas de la materia y Tratados Internacionales, todo ello para cumplir con una función política de castigo a personas críticas al actual gobierno”, concluye el Colectivo.

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A la situación que compromete la vida de los presos políticos, Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, añade las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen orteguista. Menciona como ejemplo la cancelación de 1.058 organizaciones sin fines de lucro.

A eso suma el incumplimiento de las medidas cautelares que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni las resoluciones que ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en favor de opositores.

Abarca considera que las investigaciones sobre de torturas y malos tratos deben ser investigados por órganos independientes para que “realicen investigaciones reales y objetivas. En Nicaragua por más de 10 años no ha permitido el ingreso del Comité para prevenir la tortura”, cuestiona. En ese periodo, según reportó Nicaragua a la ONU, no existen evidencias de prácticas de tortura.

No obstante, Ortega no solo mantiene cerrado el acceso a las cárceles a organismos defensores de derechos humanos, sino también al país mismo, de donde incluso expulsó a las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encargó de exterminar los organismos independientes, desatando una feroz persecución contra los defensores.

OTROS CASOS

A la periodista Lucia Pineda Ubau le parece un descaro que Ortega pretenda que la comunidad internacional crea en su informe sobre la tortura en Nicaragua. Ella la padeció durante seis meses cuando fue encarcelada por dar cobertura a las protestas ciudadanas desde el canal 100% Noticias. Pineda Ubau pasó por la temida cárcel El Chipote, ahí fue sometida a interrogatorios intensos, aislamiento, intimidación y condiciones inhumanas, como tener que defecar en su mano.

También está el caso de Justo Rodríguez, un campesino de la Isla de Ometepe que tras una violenta detención y la negativa de atención médica salió cadavérico y al borde de la muerte.

Rodríguez fue liberado el 18 de diciembre de 2020, bajo el régimen de convivencia familiar en condiciones críticas, luego que sufrió un derrame cerebral en las cárceles del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”.

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A los familiares le entregaron a un hombre que no podía caminar, con graves problemas para pronunciar palabras y en un estado deplorable, las imágenes impactaron ya que no quedaba nada del hombre robusto que fue capturado por la Policía el 20 de abril del 2020, cuando se dirigía a su parcela ubicada en la comunidad de Esquipulas, en el municipio de Moyogalpa, en la isla de Ometepe. Fue acusado de los supuestos delitos de obstrucción de funciones y en julio del 2020 lo declararon culpable por lo que fue condenado a tres años de prisión.

Ortega tampoco ha revelado las causas del fallecimiento el 12 de febrero de este año, del preso político Hugo Torres, quien murió bajo la custodia policial y quien fue capturado el 13 de junio del 2021.