Colectivo: Saña de Ortega contra oenegés oprime los derechos del pueblo nicaragüense
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La aprobación de la “Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro”, materializada por diputados sandinistas, que busca cerrar todo tipo de expresión social interesada por los cambios en la vida de la población, incluyendo la política, fue considerada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más como una acción “cargada de saña”.
La cerrazón a la discrepancia por el uso y abuso del poder es la motivación del régimen con esta legislación que obstaculiza el nacimiento, desarrollo y funcionamientos de Organizaciones no Gubernamentales y la ahora legalizada “intervención en ellas”, que supone el cierre y confiscación de sus bienes.
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“Pasa a integrar el combo legislativo que, desde el Colectivo, consideramos como opresivo, regresivo y nocivo para los derechos humanos del pueblo nicaragüense, cuyo objetivo es fortalecer la represión, en este caso particular, en perjuicio de la Sociedad Civil organizada y del derecho de participación en los asuntos públicos del país”, explica el comunicado del Colectivo.
Así mismo, acusa a la ilegítima administración Ortega-Murillo de emplear “el falso argumento” de seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, desde su visión, señala que las organizaciones civiles sin fines de lucro son “susceptibles a ser utilizadas por el crimen organizado trasnacional”.
El @ColectivoNunca condena y rechaza la aprobación de la “Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucros”, que derogó la Ley No. 147 “Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro” 1/2 pic.twitter.com/B2EsnfluZo
— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) April 1, 2022
Los anteriores señalamientos que hasta hoy el gobierno de Ortega no ha comprobado y con los que encarcela e impone juicios, así como condenas de entre 7 a 13 años a sus detractores políticos, estudiantes universitarios, periodistas, defensores de derechos humanos y manifestantes en general, a los que pretende acallar tras las rejas desgastándole su salud física y mental.
“Con la nueva normativa… el régimen pretende dar un rostro de legalidad a sus abusos de poder y maquillarse ante la Comunidad Internacional que conoce ampliamente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos contra el pueblo de Nicaragua”, concluye el Colectivo de DD.HH.
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Desde 2018 a la fecha el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ilegalizó a 135 Organizaciones no Gubernamentales que no se apegaron a sus lineamientos políticos.