Organismos de derechos humanos continúan denunciando al régimen ante la CIDH

Organismos defensores de derechos humanos presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre las reiteradas violaciones y represión que se han agudizado de parte del régimen de Daniel Ortega en contra de las personas presas políticas y la sociedad civil.

Los representantes del Cejil, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres, Urnas Abiertas, el Centro de Derechos Civiles y Políticos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH,  son los organismos que participaron del encuentro con la CIDH.

Guillermo Rodríguez, de CEJIL, presentó de manera general el panorama de impunidad que prevalece en Nicaragua y lo que cada organismo plantearía frente a la Comisión.

Vilma Núñez, presidente del Cenidh, manifestó que a la fecha, permanecen arbitrariamente privadas de libertad, por motivos políticos, al menos 169 personas, entre ellas 14 mujeres y 7 precandidatos presidenciales, sometidas a malos tratos y actos constitutivos de tortura.

• Monseñor Álvarez: Nicaragua debe detener la espiral de violencia y muerte
  

Desde el 1 de febrero de 2022, han sido declarados culpables y/o condenados arbitraria e injustamente al menos 45 personas, con penas entre 7 y 13 años de prisión, todas por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, difusión de noticias falsas y otros supuestos delitos”, expuso Núñez.

La defensora agregó que las cárceles se han llenado por la destrucción institucional que ha llevado a la consolidación de un régimen dictatorial, en donde no hay estado de derecho ni separación de poderes y se vive bajo un estado de excepción de hecho como lo llamó la CIDH.

“Las calles son testigos mudos de una militarización intimidante y sus consecuencias en las y los nicaragüenses. Un régimen obsesivo como el que enfrentamos, nos ve como el enemigo al que hay que exterminar, el enemigo contra el que está enfrentado en su lucha mental”, expresó.

Así mismo agregó que muchas de las acciones del régimen e incluso leyes perversas aprobadas, son mecanismos de represión explícita para eliminar la defensa de los Derechos humanos.

Núñez expresó su más profunda preocupación que todas estas graves violaciones contra la vida, la integridad y seguridad, continúan sin ser investigadas por el régimen de Nicaragua, a pesar de los esfuerzos y aportes de la Cidh a través de sus diferentes programas y mecanismos, así como la coordinación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Poder Judicial agente de criminalización

Por su lado, Natalia Yaya, representante de la FIDH, planteó cómo el sistema de administración de justicia se ha transformado en un agente de criminalización, en lugar de ser un garante del estado de derecho y los derechos humanos.

Yaya advirtió ante la CIDH que desde el pasado 12 febrero, la Asamblea Legislativa anunció un proceso de revisión y consulta de la normativa penal y que hasta la fecha, se conoce públicamente que el Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema, coinciden en señalar que el marco legal creado en estos últimos años, fortalece la labor del poder judicial, y que aún puede continuar profundizándose más.

“Valoramos los pronunciamientos de la Comisión y de la Oficina de la Alta Comisionada sobre esta normativa, instando al Estado de Nicaragua a realizar todas las gestiones necesarias para dejarla sin efecto”, dijo Yaya.

La FIDH denunció que el régimen de Ortega, a través de su mayoría absoluta en el parlamento, ha ilegalizado al menos 107 oenegés nicaragüenses desde diciembre de 2018, incluyendo al menos 14 Universidades privadas, 15 asociaciones médicas, al menos 5 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y 6 organizaciones humanitarias vinculadas con la Iglesia Católica.

Añadió que gran parte de ellos fueron expropiados ilegalmente de sus bienes, como ocurrió con el Cenidh. Denunció que también el Ministerio de Gobernación ha cancelado los registros de tres organismos estadounidenses y tres europeos.

“Esto tiene graves impactos en la lucha contra la impunidad, pues se consolida la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de mapear las violaciones a los derechos humanos, atender a sus víctimas, proponer mecanismos para el respeto y protección de los derechos y activar mecanismos para su garantía”, dijo.

La defensora de la FIDH, continuó indicando que este marco normativo descrito configura un escalonado sistema de castigo a las opiniones, la crítica y la defensa de los derechos humanos, que empieza previniendo a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras a recibir apoyos internacionales, controlando sus movimientos financieros y sus quehaceres, castigándoles, públicamente, por realizar su labor y finalmente, escarmentando a la sociedad civil de forma más amplia, con la amenaza o efectiva utilización del derecho penal en su contra.

LEER MÁS: Aumenta en Nicaragua criminalización del ejercicio periodístico, cierre de medios y exilio forzado

Violeta Delgado, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres, recapituló las múltiples denuncias de torturas a las que son sometidas las personas presas políticas, que han entablado ante varios organismos nacionales e internacionales, y a todas estas denuncias el régimen de Daniel Ortega ha hecho caso omiso, sin embargo, confirmó e insistió en que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, por razones políticas expuestas, siguen estando lejos de los estándares interamericanos y constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes, así como torturas físicas y psicológicas en su contra.