Nicaragua continúa torturando a personas presas políticas y a sus familiares

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentó su V Informe del 01 de abril al 21 de noviembre, titulado: “La Tortura es un crimen de lesa humanidad que no admite amnistía. Exigimos una Nicaragua libre de tortura”, en el cual considera que en Nicaragua se sigue ejerciendo la tortura en perjuicio de las personas presas políticas y sus familiares.

El informe indica que esta práctica de la tortura, busca castigar a las personas presas políticas por su activismo en la defensa de los derechos humanos, su disidencia política o su participación en acciones que reivindican el derecho a la verdad, la justicia y la democratización del país.

Agrega que estas prácticas también han incluido la comisión de otro delito de orden internacional como es la desaparición forzada y que ambas tipificaciones reguladas en la legislación penal nicaragüense, deben ser modificadas y ajustadas de acuerdo a los estándares internacionales de la materia.

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Aislamiento, interrogatorios, agresiones físicas y psicológicas y pocos alimentos y medicinas

El informe del Observatorio contra la tortura identifica las torturas, malos tratos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, al aislamiento permanente, la reclusión en celdas sin condiciones mínimas, la ausencia o limitado acceso a alimentos y medicamentos, así como extensos interrogatorios, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, cometidas por agentes policiales y penitenciarias contra las personas presas políticas que contabilizan 168 en total.

En este sentido, el Observatorio registra que el 12 de abril de 2021, el excarcelado político, víctima de múltiples formas de torturas, Leonardo Navarrete, fue recapturado por aproximadamente un día; en esta ocasión fue detenido por un agente paraestatal, quien lo trasladó a la Estación IV de Policía donde sufrió violencia psicológica, según su testimonio público.

“Ya en la Policía me están acusando por tranquero, como a las 12:00 de la noche, el Comisionado Jefe de la Policía de ahí, me trasladó para el Chipote (DAJ), ahí me tenían desaparecido y me sacaban a todas las horas de la noche para una supuesta interrogación y para decirme que me volviera un sapo, que les diera información, que ellos me iban a pagar. Yo le dije a la Policía que tenía carácter y no me iba a vender, entonces me tuvieron retenido en una celda máxima seguridad. No me golpearon gracias a Dios, lo único que hubo es amenazas psicológicas, amenazas de muerte, me dijeron que, si yo salía a la calle con una bandera o a poner un adoquín o algo, ellos tenían orden de matar a cualquiera”, dijo Navarrete.

En el mismo mes, agentes policiales de Jinotepe detuvieron violentamente a los excarcelados políticos Hansell Guadalupe Cortez Miranda e Ismael Antonio Álvarez García.

Respecto del joven Cortez Miranda, el informe indica que éste había sido detenido en julio de 2018, cuando lo torturaron agentes policiales y paraestatales, extirpándole varias uñas, le golpearon fuertemente sus testículos y cabeza, obligándolo a grabar un video incriminando a personas manifestantes, bajo amenazas de matarle; él fue recapturado el 13 de abril de 2021, permaneciendo casi 24 horas detenido en la estación policial de Jinotepe, donde fue amenazado con volver a detener al momento de su liberación.

Agrega que también el 15 de abril, familiares de Edward Lacayo, “La Loba”, denunciaron que este les dijo que los custodios le manifestaron que pasaría mal en el encierro si estos seguían denunciando públicamente y si siguen aplicando sanciones contra la dictadura.

“Le dijeron que se la iban a desquitar con él, entonces por ahí van a empezar, restringiéndoles las visitas conyugales”, dijeron familiares.

Predomina asfixia seca y golpizas entre las torturas físicas 

El documento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, respecto a las torturas físicas, destaca el caso de Ismael Antonio Álvarez García, a quien agentes policiales allanaron su casa de habitación y en julio de 2018, recibió un disparo en la espalda, previo a su detención.

Posterior a ella, en agosto de ese año, fue acusado por los delitos de secuestro simple, crimen organizado, entorpecimiento del servicio público y tortura a trabajadores de la Alcaldía (en el marco de las protestas); el 22 de agosto de 2018 lo habrían torturado con choques eléctricos, en mayo de 2019, lo golpearon con tonfas y culatas, lesionándole una de sus manos, rostros y piernas.

“Esta recaptura sucedió de forma violenta, golpeándolo al momento de su detención”, denuncia el informe.

Continúa detallando que en la estación policial de Jinotepe, Álvarez García fue fuertemente golpeado y aplicado métodos de tortura como la asfixia seca, según el testimonio público de sus familiares.

“Mientras tenía una bolsa en la cabeza los policías le decían que si no decía que su comandante se queda, no le iban a quitar la bolsa… le decían que era un tranquero y que no se preocupara, que después de ese cargo (robo con violencia frustrado) le iban a imponer otro para que no saliera de la cárcel, además lo amenazaron diciéndole que ahora sí va a pagar lo que no pagó en 2018, que va a tener que aceptar ese robo”, dice el documento.

El Colectivo no logró encontrar información reciente sobre su estado, sin embargo, llama la atención que el 29 de julio del corriente año, la abogada María Oviedo, en ese entonces abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que recibió la denuncia, fue detenida por la Policía Nacional y hasta la fecha no ha sido liberada.

Poder judicial cómplice de actos de torturas

El Colectivo determinó que en Nicaragua, la administración de justicia, ha sido partícipe por acción u omisión de actos de torturas, incluyendo la violación a garantías del debido proceso, que aseguren el derecho a ser oído, a la presunción de inocencia, a una llamada telefónica, a recibir visitas, a contar con una defensa de su propia elección, a tener audiencias orales y públicas, a un recurso judicial y efectivo, entre otros derechos.

Además advirtió que los familiares de los presos y presas políticas, incluyendo niños y niñas menores de edad, han sufrido los impactos de estos actos de torturas, malos tratos, tratos crueles e inhumanos, así como de la desaparición forzada de personas.

En el cuarto informe de este Observatorio se perfiló que los actos de asedios a personas excarceladas políticas o sus familiares pudiera constituir actos de tortura o, mínimamente, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Como se puede observar de la situación descrita existe una intencionalidad de causar por parte agentes policiales dolor o sufrimiento, físico (agresiones) y psicológicos (amenazas con no dejarles salir y reproducir música de propaganda oficial”, indica el escrito.

Subrayan que los actos que tienen como motivo reprimir a familiares de presos políticos y castigarles por sus actividades de denuncia y protesta, así como, de ser realizados de forma deliberada y con la intención de lastimar; estos criterios, sumados a las consecuencias de las agresiones (fractura de dos dedos) y la constancia de los asedios, le atribuye el carácter mínimo de trato cruel.

Crímenes de lesa humanidad cometidos por Daniel Ortega no prescriben

El informe del Observatorio Nicaragüense contra la tortura, creado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, concluye que cualquier crimen de lesa humanidad, independientemente de la voluntad política de impunidad, no prescribe y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación está vigente, para lo cual es esencial la denuncia y documentación de todos los abusos de poder, que siguen violentando, gravemente, los derechos humanos de la población nicaragüense.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense y estos no prescriben.

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Un informe presentado por 15 organizaciones humanitarias de Nicaragua, el cual fue avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que en Nicaragua “se cometen crímenes de lesa humanidad” bajo responsabilidad del Gobierno del presidente Daniel Ortega, por lo que propusieron a la ONU la instalación de una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Nicaragua”.