Organismos valoran crisis de DD.HH. en Nicaragua y acciones que debe tomar la ONU

Bajo el nombre “Hacia el establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas para Nicaragua”, ocho organizaciones participaron paralelamente en un evento, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en conjunto con las Madres De Abril, AMA, CALPI y MESART, en donde expusieron sus valoraciones, informes y denuncias sobre la crisis de derechos humanos que aún se vive en Nicaragua y lo que debería hacer la ONU para avanzar hacia la justicia.

Por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se contó con la representación de la doctora Wendy Flores, además de Jacob Ellis Williams, Activista afro feminista de la Mesa de Articulación LGBTIO+ en el exilio (MESART), la Red de Mujeres Pinoleras, María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y Josefa Esterlina Meza de la Asociación Madres de Abril (AMA).

Wendy Flores, del Colectivo, denunció que en Nicaragua se mantiene un estado policíaco, en donde siguen prohibidas las manifestaciones, marchas, reuniones, por parte de personas que, de forma individual o grupal, pretenden denunciar violaciones de derechos humanos, simplemente derechos que han sido suprimidos por la Policia Nacional.

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Agregó que a esto se suman los impedimentos de salida del país que, sin previa notificación, ni procesos administrativos de las autoridades migratorias, quienes proceden  a quitarles el pasaporte a quienes consideran opositores o activistas políticos, sin devolvérselos y sin dar ninguna explicación.

Flores también añadió que las autoridades de migración tampoco dejan ingresar a Nicaragua a personas que quieren regresar a su país, obligándolas al exilio.

Incrementa desplazamiento forzado

Al menos 142 mil personas han sido forzadas a dejar su país, como consecuencia de toda la represión en Nicaragua y buscan protección internacional para resguardar su vida, integridad y su libertad personal.

Flores manifestó que, según datos oficiales del gobierno costarricense, hasta octubre de este año, 103 mil doscientas setenta y cinco personas solicitaron refugio en este país, de las cuales 39 mil  172 corresponden a este año.

“Es la mayor cifra de solicitudes de refugio en comparación con el 2018”, dijo Wendy Flores.

Ocho personas de la diversidad sexual asesinadas en el 2018

Por su parte Jacob Ellis Williams, activista afro feminista de la Mesa de Articulación LGBTIQ+ en el exilio, (MESART), afirmó que a partir de la rebelión de Abril del 2018, la participación y ejercicio de ciudadanía de las mujeres y miembros de la Comunidad LGBTIQ+ ha tenido altos costos en un país profundamente patriarcal.

“Hubo al menos 8 personas de la diversidad sexual asesinadas en el marco de la represión estatal, además de la detención de al menos 42 personas LGTBIQ+, incluyendo a tres mujeres transgéneras, según el informe de afectaciones a personas LGBTIO+, en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, en el período comprendido entre el 18 de abril del 2018 al 31 de enero del 2019”, informó Williams.

Corrupción, despojo, explotación de recursos naturales y masacre de indígenas

María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), denunció las acciones violentas de colonización y de corrupción que se perpetra en contra de las Comunidades Indígenas, manifestadas a través del avance del extractivísimo de las empresas tabacaleras y mineras, también por el monocultivo de la palma africana  que se expande sin control y la extensión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva, además del despojo de los recursos naturales que generan inseguridad alimentaria en los pueblos indígenas.

Acosta también denunció las violaciones a las mujeres y las masacres de indígenas que cada vez son con mayor saña de parte de los colonos.

“La masacre de Kiwuampai, el 23 de agosto del 2021, donde resultaron asesinadas alrededor de doce personas indígenas miskitus, entre ellas dos mujeres, una de ellas su cuerpo fue cercenado, mientras otras dos mujeres indígenas mayangnas fueron violadas, la madre de 41 años y la niña de 14 años, cuyo esposo y padre dirigía la operación de la mina y fue asesinado, en una clara disputa de territorio”, indicó Acosta.

Detalló que los atacantes fueron alrededor de 30 hombres, no indígenas, fuertemente armados con armas de guerra; sin embargo, la Policía Nacional, sólo ha capturado a los guardabosques que defendían sus territorios.

Impera la impunidad por los asesinatos en el 2018

Josefa Esterlina Meza, integrante de la Asociación Madres de Abril, (AMA), manifestó su preocupación por la impunidad que impera por las más de 355 personas asesinadas en el marco de las protestas de abril del 2018, por lo que siguen demandando justicia.

Denunció que el gobierno de Daniel Ortega continúa sin reconocer su responsabilidad por los asesinatos cometidos por él, al contrario, han sido víctimas de una campaña de difamación de parte del gobierno, en contra de los familiares y la memoria de los asesinados.

“Nos acusan de estar inventando las cifras y de fabricar muertos, se refiere a nuestros hijos como delincuentes, golpistas y terroristas para justificar los crímenes”, denunció la señora Meza de AMA.

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Con las denuncias expuestas en el evento virtual, las organizaciones buscan el establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas e incidir en las decisiones de la Organización de la Naciones Unidas para Nicaragua, para esto hicieron una serie de demandas ante la Organización de Naciones Unidas.

Entre las demandas destaca que todas las víctimas tengan acceso a la justicia y que sean castigados los culpables de crímenes de lesa humanidad, para ello que sea creada una Fiscalía especial, con base en las recomendaciones del GIEI y una Comisión de la Verdad que respete la participación autónoma de las diferentes victimas en su carácter de sujetas de derecho, entre otras importantes demandas.