CIDH: Acciones del Estado buscan finiquitar participación de la oposición en próximas elecciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses, que buscan poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto.
La CIDH urgió a cesar la represión en contra de personas opositoras al gobierno y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.

• ONU condena acciones en contra de la oposición en Nicaragua

“La detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense; y, en general, la profundización de un estado policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas”, destaca la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, (MESENI).

El grupo condenó además la detención arbitraria de 31 personas, ocurrida en los últimos 2 meses, entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron públicamente su intención de postularse como candidatos a la presidencia.

En este contexto de cierre de las vías de participación de la oposición en las elecciones, el 2 de agosto de 2021, fecha de cierre del plazo para la presentación y registro de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, el actual titular del ejecutivo anunció junto con la vicepresidenta, la formalización de su candidatura para un cuarto periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo

“El 3 de agosto, la CIDH condenó la detención domiciliaria, restricción migratoria e inhibición para postularse a cargos públicos de Berenice Quezada, candidata opositora a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos Por la Libertad, hecho ocurrido al día siguiente de haber anunciado su candidatura. El 5 de agosto, el Ministerio Público informó que la acusación presentada en contra de Berenice Quezada se basa en presuntos hechos que encuadran en el tipo penal de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Asimismo, indicó que el proceso se llevaría a cabo estando ella en libertad.

La CIDH también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de dos partidos de oposición, entre ellos, el Partido Restauración Democrática (PRD). El 6 de agosto, el CSE determinó la cancelación de la personería jurídica del partido CxL, lo que eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial.

“El CSE también solicitó la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense de la presidenta del partido, Kitty Monterrey. El 8 de agosto, el Ministerio de Gobernación confirmó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense, así como de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la anulación de pasaporte de la presidenta del partido, quien ostenta otra nacionalidad y, a la fecha, permanecería oculta ante el temor de ser detenida y/o deportada”, dice el escrito en donde la CIDH condena estas acciones.

En virtud de lo anterior, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas.

Estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018.

“La CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país”, concluyen en el documento.

LEER ADEMÁS: Colectivo de DD.HH. exige a la policía que diga cuál es el paradero de Jhovanny Tenorio