• Managua, Nicaragua
  • 6:08 pm
  • Abr 6, 2021

CPDH interpone recurso de inconstitucionalidad contra ley que extiende a 90 días las detenciones por investigación

La ley 1060, Reforma el Código Procesal Penal, da autoridad para pasar de 48 horas a 90 días las detenciones por investigación, aspecto rechazado por ciudadanos, organizaciones civiles y organismos de Derechos Humanos, quienes consideran que se violenta el derecho a la libertad de toda persona que no ha cometido ningún delito, pero es tipificada […]
Las detenciones por 90 días son calificadas como arbitrarias e inmorales por la CPDH
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La ley 1060, Reforma el Código Procesal Penal, da autoridad para pasar de 48 horas a 90 días las detenciones por investigación, aspecto rechazado por ciudadanos, organizaciones civiles y organismos de Derechos Humanos, quienes consideran que se violenta el derecho a la libertad de toda persona que no ha cometido ningún delito, pero es tipificada como sospechosa por la Policía Nacional.

“Con esta ley un juez puede mandar a un ciudadano hasta tres meses a una celda y hasta después de 3 meses iniciar su proceso judicial, o sea, iniciar la audiencia preliminar, la audiencia inicial, ante esa realidad estamos” enmarcó Pablo Cuevas, Asesor Legal de la CPDH.

Otro derecho que retoman como argumento en el documento presentado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, es la presunción de inocencia, detallan la agresión a las garantías constitucionales y los efectos perjudiciales que tendrá a nivel, social, familiar y económico, mantener detenido a un nicaragüense por 90 días, cuando en realidad es inocente.

“Nadie puede ser privado de su libertad si no se tiene una causa justa para hacer esta privación de libertad, en este caso, es una involución de que sólo por el simple hecho de presunción, un sospechoso se detenga por 3 meses”, subrayó Eber Acevedo, Asesor Legal de la CPDH.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos califica de arbitraria e inmoral, la imposición de una detención extensa, en el contexto ya descrito, principalmente cuando en Nicaragua existe un sistema policial que actúa en contradicción a los Derechos Humanos, debido a un mandato gubernamental que orienta reprimir, golpear, perseguir, asediar, acosar y encarcelar al ciudadano que manifieste su oposición a la administración Ortega-Murillo.

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia tendrá 60 días para responder al recurso de inconstitucionalidad. Los antecedentes indican que el órgano de justicia prefiere omitir resoluciones a los recursos presentados, tal cual a sucedió con la ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciber delitos, entre otras.


 

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