CALIDH pide a obispos de la región pronunciarse sobre detención de sacerdotes en Nicaragua
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El Centro de Asistencia Legal Interamericana en Derechos Humanos (CALIDH), denunció este miércoles que la dictadura de Daniel Ortega busca “desaparecer y desmantelar” a la iglesia católica nicaragüense tras la escalada represiva en contra de sacerdotes y obispos, y solicitó a las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y el Caribe a que se pronuncien sobre la grave situación en Nicaragua.
Mediante una carta firmada por organismo de la oposición, apátridas nicaragüenses y defensores de derechos humanos, el CALIDH demandó al presidente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, monseñor Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, responda con eficacia sobre la situación que sumerge al pueblo católico en Nicaragua.
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“Suplicamos la intervención pronta, oportuna y contundente de la conferencia episcopal del Uruguay respecto de los obispos, padres y seminaristas detenidos. La Iglesia de Nicaragua necesita ayuda de sus pares urgentemente”, reza la misiva.
El CALIDH recordó a monseñor Fajardo Bustamante que la “Iglesia no puede quedarse sin voz”, en referencia a las últimas detenciones de 14 religiosos en Nicaragua, entre ellos un obispo, sacerdotes y seminaristas, mientras la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) asume un papel pasivo y silenciado por las amenazas del régimen sandinista.
Pide a la iglesia latinoamericana presionar al régimen para que libere a sacerdotes
Aseguró que la dictadura Ortega y Murillo “busca desaparecer y desmantelar el último espacio organizado que queda en el país, que, además, tiene autoridad devenida de la fe de millones de nicaragüenses”. En ese sentido, exhortó al religioso católico a unir las voces de las conferencias episcopales en la región para demandar la libertad de los sacerdotes secuestrados.
“Señor secretario: la Iglesia latinoamericana y caribeña debe y puede unirse en una sola voz para exigir al régimen de Managua la liberación de los ministros de la fe católica secuestrados injustamente”, demanda.
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El organismo evidenció que a partir de 2018, la dictadura sandinista ha desatado una ola sistemática y generalizada de violencia contra la población nicaragüense, agresión que ha sido calificada como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, ha perpetrado ataques directos contra sectores específicos de la sociedad, incluyendo a la Iglesia católica.