Una Iglesia entre el silencio y la cárcel: cinco años de persecución religiosa en Nicaragua

El 2023 ha sido el peor año para la iglesia católica nicaragüense desde que inició la persecución religiosa en 2018, cuando los sacerdotes y los obispos condenaron la brutal represión estatal y definieron su alineamiento con el pueblo que sufría los ataques armados de la sancionada Policía Nacional y de agentes paramilitares al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en marzo pasado fueron acusados por un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas (ONU) de ser “criminales de lesa humanidad”.

Hasta noviembre de 2023, Nicaragua contabiliza expulsiones forzadas de religiosos, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, cancelación de onegés a fines a la iglesia, confiscación de universidades católicas, así como casas hogares y orfanatos administrados por hermanas religiosas, como fue el caso de las Misioneras de la Caridad, orden religiosa fundada por Madre Teresa de Calcuta. Estas fueron despojadas de su personalidad jurídica, de sus bienes en el país y expulsadas hacia Costa Rica en Junio de 2022.

“Me da mucha tristeza que el régimen haya obligado (a salir del país) a las hermanas misioneras. Nada justifica privar a los pobres de atención caritativa”, reaccionó en ese momento el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien en 2019 fue empujado a salir del país por amenazas del régimen en su contra y posteriormente, en febrero de 2023, despojado de su nacionalidad nicaragüense.

Una ruptura del Estado – Iglesia en Nicaragua

Organismos de derechos humanos han documentado que desde abril de 2018 cuando estallaron las protestas en contra de Ortega y Murillo, la iglesia inició un camino de sufrimiento por su papel de defensa a los derechos humanos. En noviembre de 2021, la dictadura sandinista emprendió una implacable persecución en contra de los líderes católicos nicaragüenses tras declararse “ganador” en las votaciones generales que fueron fuertemente señaladas por organismos internacionales de “aniquilar la verdadera oposición política”.

Ese año la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en rechazo las votaciones generales de Nicaragua. El mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el proceso electoral de “pantomima” y de ser una “farsa” al considerar que “fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente, no democrática” criticó el mandatario estadounidense.

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Según especialistas en temas religiosos consultados para esta investigación, desde que Ortega asumió el poder en 2007 inició en Nicaragua una fase de declive entre la relación Estado–Iglesia hasta profundizar una relación hostil caracterizada por agresiones, abusos y arbitrariedades del régimen sandinista.

Aunque se conoce que la iglesia católica tuvo cierto acercamiento hasta 2017 con Ortega y Murillo, lo cierto es que la dictadura solo “le sonríe a quien se complace de reconocer sus decisiones y aplaudir sus ilegalidades”, alega un teólogo bajo anonimato. De igual manera asevera que un claro ejemplo son “las últimas elecciones generales en las que Ortega y Murillo elevaron el tono en contra de la iglesia por rechazar el proceso electoral”

Organismos de derechos humanos contabilizan agresiones directas contra la iglesia católica como vandalismo en las paredes de los templos, mensajes anónimos y amenazantes a sacerdotes, el exilio de religiosos, obispos y laicos, así como cierres de ONG de la iglesia. También evidencian constantes señalamientos negativos en contra de los obispos de parte de Ortega y Murillo, quienes no cesan de utilizar un lenguaje ofensivo contra los religiosos.

Un ataque despiadado hacia a la iglesia ocurrió a inicios de julio de 2018 en la Basílica de San Sebastián en Diriamba, Carazo. Ese día el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo Silvio Báez, y el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, fueron agredidos por un grupo parapolicial y simpatizantes sandinistas que entraron al templo con violencia. “Fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales y agredido verbalmente”, denunciaba en su momento Báez.

A los pocos días otro suceso que marcó la historia del país, se registró en Managua en la parroquia de la Divina Misericordia donde se refugiaban estudiantes de la UNAN-Managua mientras la policía disparaba sin cesar. “Fueron 17 horas de balas y odio”, manifestó un joven opositor capitalino quien recuerda que en esa ocasión murieron asesinados al menos dos estudiantes; Gerald Vásquez y Francisco Flores.

Exilio, secuestro y expulsión de sacerdotes

A pesar del intento de la iglesia por mediar entre la oposición y el régimen allá por junio de 2018 durante el Diálogo Nacional, la embestida política en contra de la jerarquía católica continuó sin reparación. Aduladores fanáticos de Ortega y Murillo se han encargado de amenazar a sacerdotes con cárcel y hasta muerte. “Las balas atraviesan sotanas”, fue una de las advertencias que hizo el fallecido Edén Pastora, también conocido como Comandante Cero, contra los obispos que denunciaron la represión.

Hasta la actualidad el asedio, la persecución, la cárcel, el exilio, las agresiones y el hostigamiento, así como la profanación de templos, forman parte de la campaña de desprestigio de Ortega y Murillo en contra de la iglesia católica.

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La profanación a la Sangre de Cristo de Catedral Metropolitana fue catalogada por el cardenal Brenes de “terrorismo”. La destrucción a la capilla de oración ocurrió al medio día del 31 de julio de 2020. La dictadura informó a través de relaciones públicas de la policía sandinista, que se trató de una explosión dentro de la capilla, sin embargo en el lugar se encontró un artefacto tipo bomba molotov.

El ataque fue un “atentado terrorista” según lo llamó el arzobispo de Managua, pues la venerada imagen con casi 400 años de antigüedad fue incendiada y destruida dentro de su capilla donde se encontraba expuesta. En ese momento la policía solo supo explicar que el origen del siniestro fue una veladora y un atomizador de alcohol y sin ampliar las investigaciones cerró el caso.

Tres años después del lamentable hecho, el cardenal Brenes dijo que “pedía perdón a la Sangre de Cristo por el alma de la persona que movido por el odio o peor aún, siguiendo instrucciones de alguien, cometió semejante sacrilegio”. Cabe señalar que el ataque “terrorista” a la Sangre de Cristo estuvo precedida por una ola de profanaciones contra templos católicos en todo país.

Luego la iglesia registró la primer expulsión de Nicaragua de un sacerdote. Se trató del padre Luis Carrillo de origen colombiano, a quien la Dirección de Migración y Extranjería le canceló su residencia por su postura crítica al régimen sandinista. Posteriormente, en enero de 2021, la misma institución registró la primer negativa de ingreso al país de un religioso, se trató del fraile Santos Fabián Mejía de origen salvadoreño, quien era párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, de la Diócesis de Juigalpa.

En ese año, marcado por los secuestros nocturnos de opositores a Ortega, a pocos meses de transcurrir las votaciones generales la dictadura también arreció su odio en contra de la iglesia. Luego de tildar de “terroristas” a los obispos y sacerdotes durante un acto público, el dictador dijo que en 2018 los obispos de la Conferencia Episcopal (CEN) le entregaron “un documento vergonzoso” en el que “no pedían, exigían el retiro de todas las autoridades y que se instalaran los terroristas en el Gobierno”, Ortega se refería a los opositores.

“Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya, ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados”, despotricó Ortega.

Ortega en contra de la Santa Sede

Este acontecimiento marcó un antes y un después en la relación que sostenía Nicaragua con la Santa Sede, pues días después de proclamarse “ganador” de las votaciones generales, Ortega anuló vía decreto la figura de “Decano del Cuerpo Diplomático”, que desde el año 2000 correspondía al Nuncio Apostólico, representante de la Santa Sede”, en este caso de Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, de origen polaco, a quien cuatro meses después lo obligó a salir del territorio nicaragüense.

“La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a Su Eminencia Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”, confirmó El Vaticano en ese momento.

La ofensiva del régimen no acabó ahí, pues en marzo de 2023 Ortega y Murillo decidieron ponerle fin a las relaciones con El Vaticano luego que el sumo pontífice de la iglesia católica, el Papa Francisco, tildara de “dictadura hitleriana” a Nicaragua y señalara al líder sandinista de “desquiciado” mientras elogiaba al obispo encarcelado Rolando Álvarez, de quien aseguró “quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.

Estas declaraciones enfurecieron a la pareja de dictadores quienes decidieron tocar fondo en las relaciones diplomáticas con El Vaticano hasta obligar a la Santa Sede a cerrar sus oficinas en Managua, las cuales fueron “confiadas a la República italiana” en territorio nicaragüense. “Fue un acto sin precedente que debería seguir siendo condenado por la comunidad internacional”, expresa un feligrés quien se identificó como “José”.

El régimen sandinista es de las dictaduras más violentas de la región ocasionando graves rupturas con la comunidad internacional, sobre todo por la confiscación de universidades y onegés de índole religiosa. De acuerdo a una investigación de la abogada Martha Patricia Molina que tituló “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”, a pesar que las confiscaciones constituyen una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el robo a la iglesia asciende a 13 edificios.

Entre estas confiscaciones destaca la expropiación de 4 universidades, una de ellas la Universidad Centroamericana (UCA) con gran prestigio a nivel internacional. La persecución a la UCA empezó en marzo de 2022 cuando los diputados sandinistas de la oficialista Asamblea Nacional aprobaron sacar a la extinta universidad del 6% constitucional, finalizando con la cancelación de la misma y el robo del recinto académico en agosto de 2023.

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Ante este escenario, el portavoz del Departamento de Estado en Washington, Vedant Patel, dijo que “la confiscación por parte del gobierno de Ortega de la Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas, representa una mayor erosión de las normas democráticas y una asfixia del espacio cívico”. Sin embargo, para la dictadura sandinista estas fueron solamente “palabras necias” ya que su proyecto de instalar una nueva universidad para fines políticos finalmente se consumó. La dictadura inauguró la Universidad Casimiro Soleto en el mismo recinto donde operó por más de 60 años la UCA.

“Indignante la injusta e ilegal confiscación de la UCA de parte de la dictadura sandinista. Demuestran así su desprecio por la libertad intelectual, la educación de calidad y el pensamiento crítico. Cada día se hunden más en su irracionalidad, su maldad y su miedo”, condenó Monseñor Silvio Báez.

Secuestro y la primera condena a un obispo católico

La irracionalidad de Ortega y Murillo continuó escalando en agresiones contra los sacerdotes, como Edwing Román, Harving Padilla y Pedro Méndez de Masaya, además del párroco Uriel Vallejo de Sébaco, quienes sufrieron asedio constante y secuestro en sus parroquias, por lo cual prefirieron el exilio antes que la cárcel; contrario a lo que ocurrió con monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa, quien se convirtió en el primer obispo en la región condenado a prisión por razones políticas.

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La noche del 19 de mayo de 2022, fue la primera vez que la Policía dio persecución al “obispo del pueblo”, como le llaman a Monseñor Álvarez. En esa ocasión el jerarca católico sufrió el asedio en una parroquia de Managua por más de una semana hasta que la CEN hizo una mediación con el régimen de Ortega para alcanzar su libertad.

El obispo Álvarez regresó a Matagalpa, pero el hostigamiento no cesó. A inicio de agosto de ese año, el religioso estuvo dos semanas bajo secuestro en la Curia Episcopal de esta ciudad.

La Policía lo acusó de dirigir a “grupos delincuenciales” como una excusa a la agresión política que le preparaba el régimen sandinista. Álvarez siempre fue conocido como un férreo crítico de los dictadores, por ser un defensor de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Por ello, el 19 de agosto, Ortega y Murillo ordenó a la policía sacar al religioso de la Curia y trasladarlo a Managua donde permaneció bajo “casa por cárcel” en el domicilio de sus padres.

Tanto el secuestro como la aprehensión que sufrió el obispo deberían ser penado por las leyes, ya que el Código Penal de Nicaragua en su artículo 164 establece que “quien secuestre a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho, rescate o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión”.

No obstante se considera que en Nicaragua no existe el Estado de Derecho, pues la policía al servicio del régimen meses antes de transcurrir la persecución contra el obispo de Matagalpa, ya había secuestrado a dos sacerdotes: el padre Manuel Salvador García de Nandaime, condenado a 2 años y 8 meses de cárcel, y Monseñor José Leonardo Urbina de Boaco, sentenciado a 30 años; ambos por supuestamente haber cometido delitos comunes.

“Es un abuso a nuestros sacerdotes y una ofensa a Dios”, así lo calificó una feligrés de Matagalpa en sus redes sociales. Lo que la iglesia católica no se esperaba es que los religiosos serían expulsados al Vaticano tras pedido de Ortega y Murillo. Caso que no ocurrió con monseñor Álvarez.

El “obispo del pueblo” siempre ha preferido la prisión antes que el destierro, por esa razón la dictadura se ha ensañado en su contra. El pasado 9 de febrero se negó al exilio forzado junto a 222 reos políticos, entre estos 8 religiosos secuestrados en las primeras semanas de enero. Fue la primera vez que se confirmó que el obispo fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como “La Modelo”, con una condena injuria de 26 años de cárcel.

“Condenamos la sentencia del Gobierno de Nicaragua al Obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión, así como la decisión de despojarlo a él y todos los presos políticos liberados de la ciudadanía nicaragüense. Seguimos pidiendo la liberación del Obispo Álvarez”, denunció Brian Nichols, Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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La persecución en contra del obispo más crítico a Ortega y Murillo en Nicaragua arrastró un sinnúmero de arbitrariedades como la cancelación de 15 medios de comunicación de la iglesia católica, siete congregaciones religiosas, 11 proyectos, así como obras sociales. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) eliminó al Canal Católico y TV Merced de Matagalpa de las empresas de cable.

Telcor también suspendió la licencia de radio a más de una decena de emisoras de la iglesia al norte de Nicaragua. En ese momento, la Unión Europea (UE) condenó el “cierre arbitrario” de estas radioemisoras y de otros medios de comunicación comunitarios, así como el uso de “una fuerza policial excesiva” para ocupar las instalaciones, y afirmó que “esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”.

Una iglesia sin fondos y acusada de lavado de dinero

Por otro lado, la represión religiosa también alcanzó las festividades de cuaresma de 2023, la cual estuvo marcada por un sinnúmero de actos violentos del régimen que prohibió las procesiones y viacrucis propios de la Semana Santa. Siguiendo su estrategia represiva, la dictadura mandó a cancelar la vigilia y procesión de la Virgen de Cuapa, en Chontales, una de las celebraciones religiosas más auténticas del pueblo nicaragüense que reúne a miles de devotos de todo el país.

Todo esto ocurrió a pesar que el artículo 190 del Código Penal establece que “quien impida o perturbe el ejercicio de cultos o ceremonias religiosas, será penado con multa de cien a doscientos días”. No obstante, en Nicaragua la persecución religiosa y las prohibiciones de procesiones continuaron. Solo en la semana santa de 2023 la dictadura prohibió 3,176 procesiones en todo el territorio nacional.

A finales de mayo de 2023, la dictadura bloqueó a la iglesia el movimiento de fondos bancarios; Ortega y Murillo ordenaron congelar las cuentas monetarias de todas las Diócesis del país, por ende de las parroquias y de los sacerdotes.

Los colegios parroquiales se enfrentaron a un nuevo capítulo oscuro de la represión, pues no había cómo pagar el salario de los maestros y personal administrativo.

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En ese momento, el Ministerio de Educación (Mined) se aprovechó y anunció el pago a los profesores de esos colegios, pero los obligó a recibir su salario en las ventanillas del Mined de cada departamento.

La sancionada Policía habría informado en un comunicado que estaba en marcha una investigación tras el hallazgo de “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a la Diócesis del país” y acusó a “personas vinculadas a ellas” de cometer actos ilícitos como supuesto “lavado de dinero”. Además, la dictadura bloqueó las cuentas del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, lo que impidió a los sacerdotes retirados, mayores de 65 años, recibir su pensión.

“Ante la persistencia de la represión en el país, la CIDH hace un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los Órganos Políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia, la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua”, demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio pasado.

Las acusaciones sin fundamento de la policía orteguista generaron una grave crisis financiera en las parroquias, donde los sacerdotes optaron por llevar a cabo actividades para recaudar fondos y costear los gastos básicos del templo, así como la reparación del mismo. A criterio del teólogo consultado, la iglesia continúa evangelizando y dando testimonio de en medio de las “trampas del demonio”.

La abogada Martha Patricia Molina reconoció que al menos 23 religiosos y siete religiosas no lograron entrar al país en este 2023 por negativa de Migración y Extranjería, y sumado a ello, un grupo de 31 religiosos han preferido exiliarse ante amenazas de muerte y de cárcel en su contra. Desde 2018 los ataques a la iglesia no han cesado, pero 2023 ha sido el más crítico para la relación Estado – Iglesia con al menos 205 casos de hostigamiento y persecución.

Asimismo, se registra el despojo de nacionalidad de 2 obispos, entre ellos monseñor Álvarez, actual preso político de la dictadura quien se ha negado al destierro forzado en tres ocasiones; de 14 sacerdotes, un diácono y un seminarista, entre ellos quienes acompañaron al obispo de Matagalpa durante su secuestro en la Curia Episcopal en 2022.

Católicos obligados a los caprichos de Ortega Murillo

Hasta agosto de 2023, Nicaragua contabilizaba 78 personas presas políticas; 12 mujeres y 66 hombres, entre ellos 10 feligreses y un sacerdote católico. Posteriormente el régimen dirigió una cacería de religiosos, aproximadamente más de una decena de sacerdotes secuestrados, a quienes luego expulsó del país hacia el Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, como parte de su política de exilio forzado para todos sus críticos.

El asalto a la iglesia y la constante persecución de sacerdotes ha obligado a la alta jerarquía católica a retomar el diálogo Iglesia–Estado. En agosto pasado, la iglesia aprobó, después de 4 años, que la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, figurara como la “mayordoma” de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán para que el régimen avalara la procesión que congrega a miles de capitalinos y devotos de todo el país.

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Para el teólogo, este fue un acto de valentía de la iglesia para volver a encontrarse con sus verdugos y demostrar que la “iglesia es la primera que quiere la paz” como lo dijo el Papa Juan Pablo II en su primera visita a Nicaragua en 1983 en un contexto de guerra que sufría el país.

No obstante, el diálogo solo ocurrió en Managua, pues en los meses siguientes la Policía continuó prohibiendo la salida de los santos patronos en Masaya, Juigalpa, Boaco, Carazo y sus municipios; con excepción de León, donde su obispo es señalado de congraciarse con la dictadura sandinista y los mismos verdugos de los sacerdotes y obispos, pues las procesiones y actos litúrgicos no han sido prohibidos por la Policía.

Denuncian que persecución a la iglesia se debe a razones políticas

En el análisis del teólogo, también la campaña de desprestigio del régimen en contra de la iglesia católica es un “intento de manipulación de la fe” en Nicaragua, y reiteró que los sacerdotes siguen experimentando una dura realidad marcada por la persecución, el encarcelamiento y el exilio, una historia que se remonta a varias décadas, pero que se ha recrudecido en los últimos años con el accionar de la dictadura. “Es una guerra declarada”, denunció.

La Fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada” (ACN, por sus siglas en inglés) presentó un Informe sobre “Libertad Religiosa 2023”, en el que señala que la persecución a la iglesia en Nicaragua “tiene una motivación política y no religiosa” porque “la Iglesia ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y la violación de los derechos humanos en el país” provocando una severa degradación en la relación Estado-Iglesia.

Incluso, en el último informe de Libertad Religiosa del Departamento de Estado, el Gobierno de los Estados Unidos acusó a la dictadura de Nicaragua de “intensificar su campaña contra la Iglesia católica”.

Por su parte, el embajador del Vaticano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el sacerdote de origen polaco, Miroslaw Wachowski, dejó en claro que la crisis en Nicaragua inquieta a la Santa Sede, pues afecta tanto a personas como a instituciones, incluida la comunidad católica. Por ello, el Vaticano está interesado en “superar la lógica partidaria y trabajar de manera constante por el bien común”.

Un futuro “incierto”

Para Monseñor Báez, el rumbo político y social de Nicaragua “es incierto”, incluso para la iglesia católica, en medio de la “falta de libertades (y) el irrespeto a los derechos humanos” que “ha producido un sentimiento de miedo y de impotencia muy grande” entre los nicaragüenses.

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Para muchos analistas políticos, el hecho de ser católico es un peligro latente en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega pretende “adueñarse de la fe” e imponer su propia manera de rendir culto.

En este mes de diciembre Ortega y Murillo han dejado más que claro que el régimen, además de administrar el país, también decidirá en la vida social, religiosa y cultural del nicaragüense.

Luego de realizar la tradicional Purísima de manera privada en su residencia, Rosario Murillo también se denominó como guadalupana y despotricó contra los obispos y sacerdotes al asegurar que ellos “no son los representantes de Dios en la tierra”. Esta postura demuestra que la iglesia católica de los nicaragüenses no está próxima a dejar de ser el objetivo de los ataques funestos de la dictadura sandinista.