Dictadura sandinista ordena desfalco a cuentas bancarias de sacerdotes católicos

Las cuentas bancarias personales de sacerdotes de las distintas diócesis del país fueron saqueadas por la dictadura sandinista, así lo denunció este miércoles la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina.

Fuentes eclesiásticas confirmaron a través de denuncias el bloqueo de sus cuentas bancarias cuando intentaron hacer uso de ellas. Los afectados revelaron que consultaron a los bancos pertinentes quienes reiteraron el desfalco de sus fondos sin dar más detalles.

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El diario La Prensa obtuvo información que a al menos tres religiosos de las Diócesis de Granada, Jinotega y de la Arquidiócesis de Managua, les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias.

La abogada Molina asegura que esta nueva medida política y arbitraria podría generalizarse de modo que todos los sacerdotes se podrían verse afectados.

Acusados de supuesto “lavado de dinero”

La nueva disposición ilegal del régimen sandinista es una continuidad a los ataques y acusaciones que mantiene el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la iglesia católica, tras señalar a las diócesis de supuesto “lavado de dinero”.

Las diócesis del país se encuentran bajo una amañada investigación judicial por supuesta “actividad ilícita en el manejo de los fondos y cuentas bancarias” de las instituciones religiosas, por tanto, fueron bloqueadas todas las cuentas bancarias de las diócesis y parroquias de todo el territorio.

La Policía sandinista aseguró haber encontrado “centenares de millones de dólares escondidos en bolsas ubicadas en las instalaciones pertenecientes a Diócesis del país”, pese a afirmar que los “actos ilícitos” provenían de personas vinculadas a la iglesia católica.

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Según el incongruente reporte policial del pasado 27 de mayo, la Fiscalía sandinista, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero, detectaron anomalías como la sustracción de dinero de cuentas bancarias que ya habían sido congeladas por órdenes de la dictadura “como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en Diócesis de distintos departamentos”.

Este nuevo golpe perpetrado por la pareja dictatorial en contra de la institución eclesiástica data desde 2018, desde que la iglesia católica denunció los crímenes de las violaciones a los derechos humanos ejecutado por los Ortega Murillo y sus huestes represoras.