En Nicaragua los reos políticos son tratados con más dureza que los presos “peligrosos”: EEUU

A más de un mes de excarcelación de 222 presos políticos de la dictadura de Nicaragua, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló en un informe las graves condiciones de derechos humanos y los tratos crueles a los que fueron sometidos -y siguen siendo víctimas- las personas reas de conciencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes fueron acusados por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad.

Mediante el informe titulado “Informes de países sobre prácticas de derechos humanos 2022: Nicaragua“, el gobierno de Joe Biden documentó la situación de riesgo y el ultraje a la dignidad humana de las personas reas políticas dentro de las mazmorras del régimen, donde eran sometidas a torturas constantes y a situaciones de aislamiento de sus familiares. 

En el acápite “Presos y Detenidos Políticos”, el informe del Departamento de Estado destaca que las personas detenidas por apoyar o participar en protestas a favor de la democracia, como parte de la represión del gobierno contra la oposición política durante 2021, o por expresar su disidencia, fueron sentenciados por “atentar contra la integridad nacional” y en algunos casos de “difundir noticias falsas”. 

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No obstante, otra cantidad innumerable de presos políticos en otras prisiones que no eran El Nuevo Chipote, en Managua, generalmente fueron acusados ​​de narcotráfico, posesión de drogas o armas, o hurto menor.

Les negaban visitas de sus familiares

El gobierno estadounidense denunció que en Nicaragua las leyes de visitas a presos fueron violentadas por la dictadura, ya que las legislaciones nicaragüenses establecen un régimen de visitas de cada ocho hasta 21 días, mismo que les fue negado a los reos políticos quienes solamente recibieron visitas de sus familiares cada mes o cada dos meses, según las contemplaciones de los dictadores Ortega y Murillo.

“Con esta medida, los presos políticos fueron tratados con más dureza que los presos “peligrosos”. Las autoridades penitenciarias retuvieron a los presos políticos en régimen de incomunicación durante 50 a 80 días antes de permitirles ver a un abogado de su elección y recibir visitas familiares”, reza el informe.

Estados Unidos documentó que en septiembre pasado, al menos 24 presos políticos iniciaron huelgas de hambre indefinidas para protestar por no poder ver a sus familias y llamar la atención sobre su situación, sin embargo las autoridades de la prisión tomaron represalias acosándolos y limitando su acceso a los alimentos.

Asimismo, informó que los reos de conciencia nunca recibieron atención médica adecuada, incluso mientras padecían síntomas asociados a la pandemia del Covid-19.

“Los presos políticos estaban gravemente desnutridos, sin acceso a la luz solar ni a servicios de atención de la salud adecuados. algunos presos políticos se les negó el acceso a medicamentos y tratamiento médico para enfermedades crónicas”, agrega. 

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Eran “golpeados y amenazados”

El Departamento de Estado también probó que diferentes organismos de derechos humanos en Nicaragua denunciaron que los reos políticos eran “golpeados, amenazados, recluidos en régimen de aislamiento durante semanas y que padecían mala ventilación y agua y alimentos envenenados o contaminados”.

Para evitar ser descubierto por las violaciones a los derechos humanos, la dictadura sandinista impidió en varias ocasiones que los presos políticos recibieran visitas de “grupos locales de derechos humanos” para constatar las condiciones de vida en las que se encontraban recluidos.

Y como si fuera poco, los reos de conciencia eran encarcelados junto a delincuentes comunes, mientras las autoridades penitenciarias instigaban “peleas entre la población carcelaria en general y los presos políticos” al culpar a los opositores de la dictadura “por cualquier privilegio retenido, lo que a menudo resultó en violencia”.

“Nos faltan 35”, es la nueva campaña en Nicaragua para exigir la libertad de las personas presas políticas de la dictadura que no fueron incluidas en la lista de las 222 que fueron expatriadas hacia los Estados Unidos el pasado 9 de febrero y a quienes también se les despojó de su nacionalidad nicaragüense.