Caso del Canal Interoceánico de Nicaragua se ventilará en la Corte IDH este 02 de febrero

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepara este viernes 02 de febrero próximo para realizar la audiencia pública del caso Pueblos Rama y Kriol Vs. Nicaragua, iniciado en el año 2014 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por la falta de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) de la Ley No. 800 que creó la autoridad del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) y la Ley No. 840, que otorgó la concesión del GCIN sobre tierras indígenas y de afrodescendientes.

El caso está siendo ventilado ante la Corte IDH debido a que estas leyes no fueron consultadas con las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol y con su Gobierno Territorial (GIR-K), ni con la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB), a pesar que el 52% de la ruta del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua atravesaría sus territorios.

El documento publicado por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPD) y Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Washington, Estados Unidos resalta que autoridades del GIR-K, en su momento, denunciaron que el Estado de Nicaragua cooptó al presidente del GIR-K y lo hizo firmar un supuesto convenio con la autoridad del GCIN que le otorgaba ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de su territorio ancestral.

Asimismo, la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields también denunció que el Estado de Nicaragua impuso un gobierno paralelo al legalmente constituido por ella; abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional; ilegalmente destituyó a su representante en la CONADETI y entregó al gobierno paralelo solo el 7% de la tierra reclamada, dejando fuera un 93% de la tierra tradicional de la CNCIB.

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“Las autoridades indígenas y afrodescendientes del GIR-K y de la CNCIB consideran esencial el sometimiento del caso a la Corte IDH debido a la falta de remedios internos efectivos en el sistema judicial nicaragüense; ya que entre 2013 y 2020 estos pueblos presentaron casi 20 Recursos de Amparo sin haber sido amparados en ninguno de ellos por la Corte Suprema de Justicia”, detalla el escrito.

Estado de Nicaragua incumple obligaciones internacionales

La controversia del caso versa sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua a la autodeterminación de estos pueblos al imponer gobiernos o autoridades paralelas a las legítimamente electas por estas comunidades; así como por no actuar en buena fe con respecto de la consulta y elaboración del Convenio y por la omisión de sanear el Territorio Rama y Kriol, titulado desde el año 2009, comprometiendo así también la protección y conservación de la reserva Biológica Indio-Maíz.

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En el escrito señalan que el Estado de Nicaragua también está comprometido internacionalmente a proteger y garantizar la integridad física, psíquica y moral de estos pueblos, de sus miembros y de sus autoridades -personas defensores de las derechos humanos, en la protección de sus territorios y medio ambiente sin discriminación alguna; así como a reparar los daños que les han sido causados y a garantizar la no repetición de los actos violatorios a estos derechos.

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPD) y Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Washington, Estados Unidos, indicó que han acompañado a las autoridades indígenas y afrodescendientes en sus reclamos desde el año 2013 y los representan actualmente ante la Corte IDH.