Familiares denuncian deterioro en la salud de reos políticos por mala alimentación en el Chipote

Familiares de las personas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega denunciaron este lunes que continúan los mecanismos de torturas hacia los reos de conciencia en el Chipote tras reducirle nuevamente las porciones de comidas diarias y balanceadas que son necesarias ante las pésimas condiciones carcelarias en las que permanecen. 

Mediante una conferencia de prensa, los familiares afirmaron que Pedro Vásquez, Miguel Mendoza, Freddy Navas, Marcos Fletes, Irving Larios, Violeta Granera y Juan Lorenzo Holman, figuran como quienes han presentado mayor complicación en su salud debido también a su avanzada edad y múltiples padecimientos crónicos.

Tras iniciar la campaña “sé humano” para denunciar las torturas a las que someten a las personas presas políticas en el Chipote, en Managua, el régimen sandinista ordenó cambiar la alimentación diaria e incrementó las raciones de comida para las personas detenidas.

🚨⚠ #Alerta | Familiares demandan se cumplan los derechos fundamentales de presos políticos, y piden detengan actos de tortura física y psicológica. https://t.co/UinEcGYQer pic.twitter.com/4Yt3S0wvml

— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) August 29, 2022

No obstante después del pasado 24 de julio la dictadura retornó a su política de reducción de alimentos. Es decir, redujo la porción de arroz y frijoles, y cambió el pollo y verduras por la carne roja a pesar que muchos de los detenidos necesitan una alimentación balanceada demandada por sus múltiples padecimientos crónicos.

¿Por qué el régimen vuelve a reducir los alimentos en el Chipote?

Bertha Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, desde el exilio denunció que “definitivamente lo que estamos viendo son mecanismos de torturas” dirigidas por la dictadura sandinista con el fin de extender “su control” pasando por encima de las leyes del país.

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“Es importante comunicarnos ésta urgencia que hay, y también el temor que hay, porque a nosotros también se nos está torturando”, manifestó la opositora nicaragüense.

La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Nuñez, aseguró que este cambio dentro del Sistema Penitenciario hacia los prisioneros políticos responde a “una estrategia perversa para buscar como aniquilar” la fuerza física de los reos de conciencia.

La defensora de derechos humano señaló que el régimen intenta “manejar la existencia de las personas” presas políticas que podría desencadenar en una “gravísima situación de salud” como lo vienen denunciando sus familiares desde hace varios meses.

“Esto es una politica de tortura, es decir, implica infringir daños a la persona, están controlando la vida y la salud para dañar, para socavar”, dijo Ana Lucía hermana de la presa política Tamara Dávila.

Piden que todos los presos políticos vean a sus hijos

En el caso de Juan Lorenzo Holman, familiares denunciaron que cuando fue secuestrado en 2021, este ya presentaba enfermedades crónicas que con el pasar del tiempo se han gravado dentro de la cárcel por la falta de una atención médica especial.

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“En este tiempo ha desarrollado una hernia que le duele al caminar, ha dejado de hacer ejercicio, le hace falta la respiración a veces; (…) no ha recibido atención médico, padece de hongos en las manos y pies”, afirmó.

En el comunicado, los familiares reiteraron el llamado urgente a incrementar las raciones de proteínas, vegetales, vitaminas y fibra que proporciona una alimentación balanceada que llene los requerimientos diarios, y si el Estado se encuentra incompetente para proporcionar una alimentación adecuada a los presos políticos, sus familiares se disponen a llevar estos alimentos de forma diaria hasta el Chipote.

Además, hicieron hincapié en la necesidad y el derecho de permitir las visitas de los hijos e hijas de las personas presas políticas, como sucedió el sábado 20 de agosto cuando Miguel Mora y Tamara Dávila lograron ver a su hijo e hija, respectivamente, después de permanecer secuestrados por más de 14 meses en el Chipote.

“Demandamos urgentemente el ingreso de organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la Dirección de Auxilio Judicial para constatar la situación de nuestros familiares”, finaliza el comunicado.