Régimen de Ortega mintió al Grupo de Análisis Financiero Internacional para criminalizar a las ONG

El régimen de Daniel Ortega, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), le proporcionó información falsa al Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI),
entidad de supervisión contra el lavado de activos, con el objetivo de justificar la criminalización a las organizaciones sin fines de lucro, universidades, organismos defensores de derechos humanos y asociaciones religiosas a las que despojó de su personería jurídica.

De acuerdo con la revisión realizada por Nicaragua Actual a los informes del régimen, a declaraciones de ministros y jueces sandinistas y los reportes del GAFI, se constató que los funcionarios crearon la retórica de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua son altamente vulnerables a ser coaptadas por grupos extranjeros vinculados al terrorismo, pero no presentaron evidencias de esto.

Según la versión que se ofreció al GAFI, supuestamente analizaron el total de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) registradas al 30 de septiembre de 2019, identificando “un grupo de 1,797 que podrían ser vulnerables en cuanto al financiamiento al terrorismo”.

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De ese grupo, 208 son “consideradas de alto riesgo”. Así se recoge la versión del régimen en el IV Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, en enero del 2020, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del GAFI.

Convierten a Nicaragua en una colmena del terrorismo

Dicho reporte nunca fue dado a conocer a los nicaragüenses por la UAF, el Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema, la Fiscalía o incluso el Ejército que son órganos estatales que conforman el Consejo Nacional Antilavado.

“No sabemos de dónde se sacaron esas cifras de más de 1,700 oenegés. (…) Están manipulando las regulaciones internacionales”, consideró una experta en temas de lavado de dinero, basada en que el régimen no sustentó ante el GAFI con pruebas de cómo “de un día para otro” fue tan fácil de que las organizaciones sin fines de lucro fuesen usadas por grupos del crimen organizado para financiar acciones terroristas y lavado de activos.

Son 132 organizaciones canceladas entre noviembre del 2018 y marzo del 2022. En el listado hay universidades, movimientos sociales y asociaciones civiles que promovían los derechos humanos, la libertad de expresión e impulsaban programas de atención a la niñez, mujeres y grupos en condición de pobreza.

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Sin embargo, en el reporte del Gafilat y en la Estrategia y Plan Nacional contra el lavado de activos y el terrorismo 2021-2015, la UAF y el resto de las entidades del régimen, no presentan pruebas que demuestren el supuesto riesgo que representan las ONG y universidades de ser vulneradas por grupos terroristas a través de donaciones y cooperación externa.

La historia inventada por el régimen sandinista es que esas más de 1,700 oenegés fueron creadas por “personas que podrían simpatizar con terroristas y agrupaciones terroristas activas” o por “personas afines a países de riesgo de financiamiento al terrorismo que desvíen fondos.

La mayoría de los fondos de apoyo a las ONG en Nicaragua provienen de organismos vinculados a gobiernos como Estados Unidos y la Unión Europea, que promueven la democracia y los derechos humanos.

No pudo justificarse cómo si el Ministerio de Gobernación, regulador del sector, tenía la información detallada de la estructura y miembros, origen de los fondos y programas desarrollados por las organizaciones sociales, sorpresivamente, pasaron a ser de “riesgo” de ser coaptadas por el terrorismo.

“Terroristas” es el descalificativo contra los nicaragüenses que se manifestaron en 2018 utilizado por Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y sus funcionarios.

Varias representantes de estas asociaciones canceladas habían denunciado que en el Ministerio de Gobernación no les aceptaba los informes financieros ni las actas de conformación de sus juntas directivas. Esa práctica la profundizó Gobernación a raíz de las protestas del 2018 que exigían la salida del poder de Ortega y Murillo. Al igual que la masacre cometida contra esas manifestaciones que dejaron más de 350 muertos, el régimen emprendió la destrucción de las organizaciones, cuyos miembros se vincularon a las protestas, aunque la mayoría de las oenegés canceladas no participaron.

UAF no le creyó, mantiene reprobado al país

En la criminalización de las oenegés no afines al sandinismo están manipulando las recomendaciones que les hizo el GAFI para aparecer cumpliendo en detectar, prevenir y actuar contra actividades ilícitas, advirtió la experta.

Explicó que esto tiene dos objetivos: acabar con toda organización que se considere opositora o apoyo de adversarios y silenciar toda voz de protesta. Y dos, sería un intento desesperado del régimen porque saquen a Nicaragua de la conocida como “lista gris”, a donde volvió el país en febrero del 2020 por sus “deficiencias estratégicas” contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Pero usar a las oenegés no le resultó a Ortega. Nicaragua fue ratificada en la “lista gris” del GAFI en enero del 2020 y lo reiteró en marzo del 2022.

El país es parte del grupo de Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Jamaica, Malta, Marruecos, Myanmar, Pakistán, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Uganda y Zimbabue, “bajo mayor control” por las “deficiencias estratégicas para contrarrestar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

Las mentiras del juez Arias Roque

“Como país tendríamos más del 92 por ciento de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI”, afirmó Julio César Arias en agosto del 2020, según una nota de prensa de la Corte.

El juez Arias Roque es de los que más manifestantes condenó en 2019.

“Nicaragua está por encima de Honduras, Panamá y de otros países en la materia de prevención de lavado de dinero”, afirmó también el juez Arias quien es parte del Consejo Nacional Antilavado.

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Ambas afirmaciones de Arias Roque son mentiras y así lo evidencian los reportes del GAFI. Nicaragua Actual comprobó en el informe de evaluación del organismo internacional que el régimen sólo ha cumplido completamente 7 de las 40 recomendaciones para fortalecer el sistema contra el lavado de activos. Tampoco es cierto que Nicaragua tenga mejores sistemas de prevención contra estas actividades ilícitas que Honduras, por ejemplo, pues ese país no es parte de la “lista gris” del GAFI.