Negocios sancionados del régimen sandinista son intocables para la Unidad de Análisis Financiero

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es “ciega, sorda y muda” cuando se trata de los negocios vinculados a la familia Ortega-Murillo, sus familiares y funcionarios del régimen sandinista en Nicaragua.

No importa que internacionalmente esos negocios sean señalados como parte de estructuras para el lavado de activos o que el origen del dinero con las que se crearon provenga de grupos relacionados con esa actividad ilícita, la UAF y el resto de las entidades del gubernamental “Consejo Nacional contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas” simplemente las ignoran.

Nicaragua Actual constató que en los informes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han presentado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde 2017 al 2021, no hacen referencia a que empresas como Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), el desaparecido Banco Corporativo S.A. (Bancorp) y la cooperativa Caruna estén vinculadas a grupos criminales.

• Roberto Samcam: Militares que pasaron a retiro son traidores y cobardes
  

Albanisa, Bancorp y Caruna son parte de las siete empresas controladas por operarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.

Difuso Comunicaciones S.A., Inversiones Zanzibar Sociedad Anónima, Mundo Digital S.A., Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat) cuyos dueños o administradores son hijos de Murillo y Ortega también están sancionadas por EE.UU. que las señaló de “lavar dinero”.

UAF simplemente ignora

Las sanciones a estos negocios se aplicaron a partir del 2017, pero hasta ahora la UAF ni siquiera sugiere en sus reportajes al Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), que haya riesgos de que las actividades relacionadas a las empresas sancionadas sean vulnerables a ser cooptadas por organizaciones criminales.

“Simplemente los ignoran”, criticó una experta en temas de lavado de dinero que prefirió el anonimato por temor a represalias del régimen. Esa “benevolencia” de “no tocar y ser hasta permisivos” con los negocios de la familia gobernante y el FSLN pone al país en una situación vulnerable, consideró la experta.

Esto porque, según el análisis de la experta, el Estado de Nicaragua no tiene credibilidad ante los organismos internacionales de estar realmente interesado en prevenir y enfrentar el lavado de dinero, debido a que las entidades reguladoras actúan políticamente cerrando los ojos cuando las denuncias tocan a las empresas del régimen.

Y el riesgo es que grupos criminales ven accesible al Estado para que los negocios ilícitos proliferen en Nicaragua.

¿Qué pasó con los millones de Bancorp?

Ortega intentó salvar Bancorp al ordenar el 7 de marzo del 2019 que el Gobierno lo comprara por 23 millones de dólares para constituirlo en el Banco Nacional. El dictador fracasó en esa movida porque, a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó la nacionalización, nunca oficializaron la medida al no publicarse la ley en La Gaceta, Diario Oficial. Esto debido a los temores de que el banco fuese sancionado como efectivamente sucedió el 17 de abril de ese año.

“El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y Bancorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega”, afirmó Estados Unidos.

Bancorp era el banco de Albanisa y parte del holding de empresas, controlado por la familia Ortega Murillo, que nació al amparo del millonario acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, más de 4,000 millones de dólares que fueron manejados sin fiscalización alguna por el régimen para oxigenar sus negocios privados.

• Policía sandinista sigue e intercepta vehículo de Monseñor Rolando Álvarez
  

Bancorp fue forzado a liquidarse al no poder seguir operando debido a la sanción. Sin embargo, nunca la UAF y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) informaron qué sucedió con los millones de dólares que manejaba ese banco.

Nicaragua Actual constató en los registros de la Siboif disponibles hasta junio del 2019, que Bancorp tenía un patrimonio de 21.7 millones de dólares y activos por 200.7 millones de dólares. ¿Dónde y a quiénes quedó ese dinero?

Los protegidos por la UAF

La UAF es presidida por el Mayor General Denis Membreño Rivas, miembro del Ejército, y por el subdirector Comisionado Mayor de la Policía, Aldo Sáenz Ulloa. Membreño y Sáenz callan por qué no se investiga a los negocios y funcionarios sancionados, en cambio en varias ocasiones han acusado públicamente a empresarios considerados opositores de estar vinculados al lavado de dinero, sin presentar las pruebas.

Entre las siete compañías sancionadas está la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP-Petronic), manejada por Rafael Ortega Murillo, primogénito de los gobernantes. Rafael fue sancionado porque, según EE.UU., utilizó DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.

Rafael, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo son los hijos sancionados por Estados Unidos. En tanto Camila, Laureano y Juan Carlos lo están por la Unión Europea. Canadá y Suiza aplicaron sanciones a Laureano y Camila Ortega Murillo.

LEA MÁS: Ortega nombra a Carlos Midence como su nuevo representante en Argentina

Francisco “Chico” López es parte de los 53 funcionarios del régimen sancionados. López es el vicepresidente de Albanisa y presidía Petronic hasta la sanción por corrupción, “al desviar a empresas ficticias o bien a proyectos inflados” fondos públicos.

A Albanisa se le vincula de ser parte de una red criminal para crear empresas de fachada para lavar el dinero de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Pese a estos graves señalamiento contra López y los hermanos Ortega Murillo, la UAF, la Fiscalía u otra entidad, nunca les ha investigado y tampoco a Caruna, Albanisa, Difuso, Zanzíbar o al resto de empresas de la familia presidencial y el FSLN.

Los sancionados deciden a quiénes se persigue

Mientras el régimen sandinista criminalizó a más de 170 opositores con juicios por acciones “terroristas” y fuerza el cierre de 133 organizaciones sociales, acusándolas de incumplir las leyes contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, los negocios vinculados a la familia Ortega-Murillo se desarrollan sin control.

La experta en temas de lavado de activos criticó “el doble rasero” en el actual de la UAF y el resto del Consejo Nacional Antilavado, porque incluso funcionarios sancionados siguen al frente de entidades que son parte de ese Consejo.

Es el caso del ministro de Hacienda, Iván Acosta y Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos, quienes son parte del Consejo que decide las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero también son quienes criminalizan a los opositores, a las empresas, asociaciones y cualquier organismo que denuncie las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua.

“La UAF es totalmente un órgano coaptado, posicionado políticamente porque su estructura es manejada por un militar y un policía, algo que no existe en otros países”, afirmó.

UAF es rechazada por Grupo Egmont

Pero el régimen no ha podido engañar al GAFI. Más bien el organismo de regulación internacional le hizo “un llamado de atención” a Nicaragua porque incumplió los plazos para mejorar en las debilidades para identificar y prevenir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, así se lo dejan entrever en el reporte de marzo del 2022.

La experta señaló que se falla es ser “más efectivo el Estado para implementar medidas para identificar a personas naturales o jurídicas” que están recurriendo a “la utilización de testaferros, de empresas de maletín, de empresas de fachada” que “son parte de estas redes de lavado de activos en el país”.

Entérese: Padre Fabretto jamás robó a nadie, el que quiera adueñarse de sus tierras es un ladrón afirma sacerdote

Prueba del fracaso del régimen para manipular al GAFI, según la experta, es que la UAF no es admitida en el Grupo Egmont, la instancia internacionalmente que reúne a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

“A la UAF de Nicaragua se le ha negado el acceso y se debe a que el Grupo Egmont evalúa de manera seria que estos órganos sean profesionales, competentes y no estén vulnerados políticamente y no estén relacionado a acciones que vulneren las investigaciones. (…) Esto no le da credibilidad, la UAF es un paria del Grupo Egmont y no es casualidad de que sea porque es parte de gobiernos dictatoriales”, explicó la experta.