Casi 3,500 ONG ilegalizó el régimen sandinista hasta agosto, denuncia el Colectivo de DDHH

En su más reciente informe, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que hasta agosto de 2023, aproximadamente 3,484 organizaciones sin fines de lucro han sido ilegalizadas y cerradas en Nicaragua como principal estrategia que ha ejecutado la dictadura de Daniel Ortega para obtener el control total del espacio de participación pública.

La organización defensora de derechos humanos reveló que la mayoría de ONG aniquiladas en Nicaragua ocurrió en 2022, con 3,138 ilegalizaciones. Asimismo, afirmó que el régimen Ortega Murillo continuó consolidando la supresión del espacio cívico al violar de forma sistemática y generalizada el derecho humano a la libertad de organización, este 2023.

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“El ataque generalizado al derecho de organización se ha ejecutado mediante una ‘ruta de criminalización’ utilizada por el régimen que incluye ataques y agresiones constantes a integrantes de las organizaciones ilegalizadas, como campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, daños entre o tras acciones que ponían en riesgo la vida, la integridad y la libertad personal de los mismos”, aseguró el Colectivo.

El organismo señaló que el dictador Daniel Ortega apunta a configurar en Nicaragua “un estado totalitario con mecanismos de control de todas las esferas de la vida” para garantizar “su permanencia indefinida en el poder”, logrando el “cierre total del espacio democrático, eliminación de la sociedad civil y silencio de cualquier voz considerada disidente”.

Incluso, afirmó que desde el 6 de noviembre de 2022, cuando la dictadura se adjudicó la totalidad de 153 municipios del país a través de la “farsa electoral”, y con ayuda del Poder Judicial y la oficialista Asamblea Nacional, el régimen de Nicaragua funciona como una verdadera fábrica de leyes represivas para “generar miedo, legalizar prácticas arbitrarias como las detenciones prolongadas y reducir el espacio cívico, especialmente la libertad de expresión y de organización”.

“A partir de estas leyes en 2022 el régimen incrementó de forma exponencial el ataque a la sociedad civil y al derecho a la organización. Una evidencia de la manipulación y uso de la legislación restrictiva y punitiva”, detalló el informe.

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Colectivo confirma que en Nicaragua no existe la democracia

Luego de recopilar varios testimonios de 9 ONG canceladas por la dictadura sandinista, el Colectivo concluyó que el cierre de las organizaciones y represión subsiguiente fue dirigido con el “objetivo de acallar sus voces; así como de criminalizar el pensamiento crítico y suprimir el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía”.

En ese sentido, explicó que el derecho de libertad de asociación está concebido desde el Derecho Internacional como uno de los pilares fundamentales en toda sociedad democrático, y denunció que la violación a este derecho constituye la creación de facto de un gobierno totalitario que rompe con la institucionalidad democrática del país.

“El irrespeto a este (derecho) o la carencia de garantías revela la inexistencia de democracia en un país; es por ello que el derecho de libertad de asociación en Nicaragua no solo es sinónimo de un Estado que quiere acallar a voces disidentes, sino también, de la ausencia de institucionalidad y democracia en el país”, reiteró el Colectivo.

En el informe, el Colectivo también denunció que los “crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 continúan en la impunidad”, lo cual demuestra la grave realidad que vive el país, sobre todo, por la “actuación del Estado de Nicaragua y sus agentes para reducir el espacio cívico democrático mediante el cierre arbitrario de organizaciones”.