Régimen sandinista acusa a otro sacerdote por “menoscabo a la integridad nacional”

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó el 14 de octubre, a través de la Fiscalía sandinista, al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, párroco de la iglesia Santa Martha, en Managua, de supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas”.

Al líder católico lo acusan ante la juez Karen Vannesa Chavarría Morales, del Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia, Circunscripción Managua, por la fiscal sandinista, Heydi Estela Ramírez Medina.

El sacerdote religioso Martínez Gamboa fue víctima de captura violenta el pasado 13 de octubre por varios policías del régimen de Ortega cuando irrumpieron en la casa de sus familiares en Managua, lugar donde él residía, y luego lo trasladan a El Nuevo Chipote; sin embargo la Policía hasta el momento no oficializa su detención, pese a que ya lo presentaron en audiencia inicial.

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El día se ayer a la 5:00 pm, fue secuestrado el Sacerdote Párroco de la Parroquia Santa Martha, Managua. El Padre Enrique Martínez G.
Los Sacerdotes y la Iglesia Católica, exígimos la liberación y el cese de la persecusión contra la Iglesia y el clero.
Justicia,libertad y Democ! pic.twitter.com/EnkgboF0DS

— Pbro Uriel Vallejos (@pbrourielv) October 14, 2022

El sacerdote Uriel Vallejos, quien se encuentra en el exilio por la persecución religiosa desatada por el régimen de Ortega, denunció la detención de Martínez Gamboa y exigió su liberación.

Sacerdote Marínez condenó
represión del régimen en 2018

“Fue secuestrado el sacerdote párroco de la parroquia Santa Martha, Managua. El padre Enrique Martínez. Los sacerdotes y la Iglesia Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia”, publica en su cuenta de Twitter el Padre Uriel Vallejos.

En mayo del 2018, el Padre Enrique Martínez condenó la represión y los asesinatos en contra de manifestantes civiles y pidió la salida de la pareja dictatorial, a quien llamó “asesina”.

Los magistrados del tribunal de Apelaciones siempre han sido cómplices de toda violacion en contra de los detenidos.El padre fue acusado de conspiración y llevado a audiencia mientras tanto el tribunal emitirá resolucion con el. Número de causa.El mismo patrón del 2018. pic.twitter.com/h1e0v9M2NG

— Yonarqui Martinez G (@YonarquiM) October 19, 2022

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“Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. Viva Nicaragua, vivan las madres de los caídos del 19, vivan los médicos, los periodistas decentes. Fuera la pareja asesina, fuera los miserables asesinos. ¡Fuera, fuera, fuera!”, gritó el sacerdote ese día.

Con el sacerdote Enrique Martínez se contabilizan al menos 11 religiosos católicos con cargos judiciales y al menos sesenta en el exilio y a otros los han desterrado.

Detención de sacerdote es una ilegalidad más

Yonarki Martìnez, abogada y defensora de derechos humanos, manifestò a Nicaragua Actual que desde el momento que el Padre Enrique Martìnez fue detenido sin orden judicial, de una manera violenta y que no se le permite la asistencia de un abogado, son elementos que determinan que existe una detención ilegal y arbitraria.

“Hasta este punto estamos llegando que los sacerdotes, que todo ciudadano nicaragüense no va a poder expresar su descontento”, afirma Martínez en alusión a la Ley de Ciberdelito bajo la cual el líder católico está siendo acusado.

A criterio de la abogada Yonarki Martìnez, todo el Poder Judicial es còmplice del règimen, incluyendo al Tribunal de Apelaciones, a quien señala de ser cómplice desde el 2018 de las atrocidades que ha cometido la Policìa y del Ministerio Pùblico, por darle “espaldarazos” y por designar jueces fantasmas que ya estaban fallecidos, en el caso de los jòvenes que estaban desaparecidos en el 2018, pero que realmente estaban en el Chipote siendo torturados.

“No están exentos de culpa”, dijo Martínez.

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La abogada agregò que existe una maldad desmedida en contra del sacerdote Martìnez, porque no sòlo se le està procesando por un delito, sino por un concurso de delitos.

“Todo está confabulado entre todas las organizaciones administrativas que tienen que velar por los derechos y garantías de los ciudadanos, pero en este caso lo que velan es para seguir haciéndole daño al pueblo, haciéndole daño al ciudadano, al acusado violentándole sus derechos al debido proceso, a un juicio justo. Si fuese así que ellos estuviesen presentando un delito lo más razonable es que se les permita un juicio justo”, dijo Martínez.