Daniel Ortega responsable de crímenes de desaparición forzada, dice Amnistía Internacional

Amnistía Internacional documenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes se encuentran sometidas a desaparición forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses, situación por la cual consideran al gobierno de Daniel Ortega, responsable por estas desapariciones.

“En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora…”, documentó el organismo en su informe presentado este miércoles 25 de agosto, titulado “¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que el gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia.

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“Los 10 casos que hemos documentado son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación. Exigimos al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas sólo por ejercer sus derechos”, dijo Guevara Rosas.

#ÚLTIMAHORA

El Gobierno de #Nicaragua es responsable de la desaparición forzada de al menos 10 personas.

Otras más podrían estar en la misma situación. #SOSNicaragua #MuestrenYa
Informe completo ⬇️https://t.co/IAHjodKVKX

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) August 25, 2021

Luego de analizar los casos de 10 personas, Amnistía Internacional concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos.

Los casos documentados fueron los de Daisy Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.

“En todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas – lo cual es una exigencia del derecho internacional. En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales, que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas”, dice el informe.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han emitido comunicados públicos reconociendo las detenciones. Sin embargo, en ninguno de ellos hacen mención del lugar de reclusión. Además, las familias no han podido visitar a las personas detenidas, sus equipos legales no han tenido acceso a entrevistarles, y las autoridades judiciales no han dado respuesta a los llamados a autorizar el ingreso de familiares y abogados.

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