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  • 5:34 pm
  • Jul 28, 2021

Dictadura sandinista despoja de sus personerías jurídicas a 24 oenegés de profesionales

Diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinista, aprobaron este miércoles la cancelación de la personería jurídica de 24 oenegés, en su mayoría de profesionales de la Medicina, supuestamente, porque han incumplido con sus obligaciones ante el Estado. La medida, la cual fue aprobada con 72 votos de diputados sandinistas y aliados, ha sido […]
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Diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinista, aprobaron este miércoles la cancelación de la personería jurídica de 24 oenegés, en su mayoría de profesionales de la Medicina, supuestamente, porque han incumplido con sus obligaciones ante el Estado.

La medida, la cual fue aprobada con 72 votos de diputados sandinistas y aliados, ha sido calificada como una represalia en contra de las organizaciones, en su mayoría de profesionales médicos, que han sido críticas al gobierno por el mal manejo que ha tenido de la pandemia del coronavirus y orientado la No Atención de las víctimas de la dictadura en el 2018.

La iniciativa “Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas” de las 24 oenegés, promovida por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de manifestantes cívicos, fue introducida ante la Asamblea Nacional, el pasado 22 de julio.

Por su parte el Ministerio de Gobernación, Migob, acusó a las organizaciones de haber faltado a una “serie de normativas y leyes que rigen su actividad, por lo que han obstaculizado la labor de control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación”.

La aprobación de la cancelación de las organizaciones también conlleva que los bienes y activos que les pertenecen pasen a ser “propiedad del Estado”, si en sus estatutos de las mismas no se contempla liquidación previa, ni se establece el destino sobre ello.

“Las oenegés han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra le expresa, contraviniendo lo establecido la Ley 997, Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la normativa del Departamento de Asociaciones”, según planteó el Migob.

Información de Despacho 505

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