Calidh: las destituciones en la Corte son resultado de años de subordinación al orteguismo

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), manifestó su preocupación este miércoles por la constantes barrida de magistrados y otros funcionarios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua y dijo que dichas destituciones “son el pleno resultado de años de subordinación voluntaria al orteguismo, incluso antes de la rebelión civil de 2018”.

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Mediante un comunicado publicado en la red social X, el organismo internacional expresó su “tristeza” por la situación que a traviesa el Poder Judicial en Nicaragua bajo el “gusto y antojo” del régimen Ortega y Murillo. Además, señaló a este poder estatal de ineficiente e innecesario para defender los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

“Observamos con tristeza, porque no ha existido un Poder Judicial que pueda garantizar y tutelar los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente, desde 2018. La parcialización absoluta de los magistrados judiciales, ubicó a la población masacrada en la desprotección absoluta”, recuerda el Calidh.

DECLARACIÓN DE CALIDH RESPECTO DEL PODER JUDICIAL

“Las magistradas sufren los efectos de haber construido una red judicial de represión contra los presos políticos y por darle la espalda a la sociedad en 2018”. pic.twitter.com/Y2hvilylo2

— Calidh (@Calidhorg) November 1, 2023

Para el organismo de derechos humanos, los cambios de facto en el Pode Judicial no son más que una “pasada de cuenta” de Ortega y Murillo con quienes no consideran leales o de plena confianza para su circulo dictatorial, ya que es imposible considerar estos actos como un “Golpe de Estado” porque solo confirman que “Murillo hace y se venga de quienes no le agradan o se salen de sus líneas autoritarias”.

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“Lo que acontece hoy, sobre todo a las magistradas Ramos y Centeno, es el resultado de ser el brazo abusivo del orteguismo legitimando inmensos actos de corrupción, leyes inconstitucionales y castigando a la población”, denunció.

“Tuvieron oportunidad”

El Calidh calificó dicha situación en Nicaragua como un “escarmiento” a aquellos que no defendieron los derechos humanos y la democratización en el país centroamericano allá por 2018, incluso recuerda que “la Corte Suprema tuvo la oportunidad de declarar la ilegalidad criminal de los actos del régimen”, pero no lo hizo, en cambio contribuyó a que el régimen continuara persiguiendo y reprimiendo a la oposición nicaragüense.

Es por ello, que el organismo afirma que los magistrados sandinistas, impuestos por el orteguismo, sufren los efectos de haber construido “una red judicial de represión contra los presos políticos y por darle la espalda a la sociedad en 2018”.

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“Ahora queda en evidencia pública lo que ya se sabía: en un régimen dictatorial todas las atribuciones estatales están concentradas”, afirmó.

“Si bien los funcionarios depuestos, como todos los seres humanos merecen un juicio justo, su sumisión resulta en que ni siquiera los propios tribunales que presidían los puedan tutelar. La destrucción del Poder Judicial se hizo en contra de ellos”, finalizó.