Dictadura empieza a devolver propiedades robadas a jubilados en Tola
Un proceso para regresar las propiedades que la dictadura transfirió al INSS se estaría llevando a cabo, pero no están claros los detalles ni si las nueve viviendas serán retornadas a sus dueños.
Nueve propiedades en Tola, Rivas, fueron confiscadas ilegalmente por la dictadura sandinista y transferidas al INSS. Eran propiedad de ciudadanos estadounidenses.
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El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría resuelto devolver las viviendas confiscadas a nueve jubilados estadounidenses en playa Gavilán, en Tola, departamento de Rivas, después de que el medio independiente Confidencial revelara el despojo y la transferencia de los inmuebles al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La entrega de llaves habría iniciado el miércoles 14 de octubre, según reportó el mismo medio, cuatro días después de que se hiciera pública la confiscación. Una fuente del INSS confirmó a Confidencial que las propiedades estaban siendo devueltas, pero no precisó si la medida comprende las nueve casas.
La dictadura no había ofrecido una explicación pública sobre la ocupación ni sobre el cambio de decisión. No hubo una notificación previa sobre la confiscación y la única comunicación posterior fue una oferta para alquilarles sus propias viviendas por unos 2 mil dólares mensuales cada una, de acuerdo con el testimonio recogido.
Las viviendas habían sido ocupadas desde finales de agosto, cuando sus propietarios se encontraban fuera del país. Las casas fueron transferidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) al INSS, junto con todos los bienes privados que permanecían en su interior.
El equipo que los propietarios tenían contratados para mantener las propiedades también fue “despedido” por funcionarios del INSS al servicio de la dictadura. El valor conjunto de las propiedades se estima en unos 15 millones de dólares.
Los jubilados estadounidenses habían construido y utilizado sus viviendas durante años para visitar Nicaragua y residir de forma intermitente. Pagaban los impuestos correspondientes y el canon anual por el uso de los terrenos costeros, que son propiedad del Estado, pero que admiten construcciones privadas bajo la ley vigente.
La inacción de Estados Unidos
Se trata del primer caso registrado en el que el mecanismo de apropiación y posterior transferencia de bienes al INSS se aplica a propietarios extranjeros, en particular estadounidenses. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura transfirió 374 propiedades al Seguro Social desde 2024.
En la mayoría de esas “donaciones”, no se publicaron detalles registrales suficientes para identificar públicamente la ubicación y extensión de los bienes. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos habría calificado de “profundamente lamentable” que la dictadura nicaragüense irrespete reiteradamente los derechos de propiedad.
Sin embargo, ni la embajada estadounidense en Managua ni el Departamento de Estado se han pronunciado públicamente en cuanto al caso. En cambio, las instancias recordaron que las advertencias de viaje estadounidenses alertan sobre el riesgo de que las autoridades incauten bienes sin previo aviso ni justificación legal.
Según el funcionario citado por Confidencial, la Embajada de Estados Unidos conoce numerosos casos de confiscaciones que afectan a ciudadanos estadounidenses. No ha habido, sin embargo, medidas proporcionales directamente identificables como encaminadas a castigar estos abusos de parte de Estados Unidos.
La dictadura ya se había visto obligada a regresar una propiedad robada este año.
En mayo, un plantel minero robado a la Palacagüina Mining Company, de capital estadounidense, en septiembre de 2025 con apoyo de personal de empresas de origen y capital chinos, fue recuperado luego de que los responsables de la empresa iniciaran procesos legales internacionales. No está claro si en el proceso el gobierno de Estados Unidos ejerció presión directa.
