Régimen desvió monto millonario de los fondos para combatir la pandemia del COVID-19

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinó una cantidad de 400 millones de córdobas, equivalentes a 11.4 millones de dólares para pagar facturas de energía de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con la Distribuidora de Electricidad del Norte y Distribuidora de Electricidad del Sur (DISNORTE – DISSUR), revela una investigación del medio digital Expediente Público.

Este dinero provino de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado para atender la emergencia del COVID-19, aprobado bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido en el 2020 de dicho organismo y fue entregado a ENACAL en calidad de “concesión de préstamo”.

“Durante el año 2020, el gobierno de Nicaragua ejecutó C$ 992.6 millones (US$ 28.3 millones) en gastos identificados como “atención pandemia Covid-19″, según datos contenidos en el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República (PGR) 2020”, detalló el medio de comunicación.

Así mismo, la investigación reveló que para financiar el gasto, equivalente a C$ 992.6 millones, el régimen dictatorial de Ortega y su familia, asignó recursos propios del Estado y de los préstamos de la Cooperación Internacional, funcionando como principales entidades ejecutoras, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred).

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Entre el 18 de junio y el 21 de diciembre de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el mismo FMI, respondieron a la solicitud de apoyo que la dictadura había relocalizado para enfrentar la pandemia, por lo que se le habría otorgado un monto de US$ 264.12 millones.

Fondos para la pandemia fueron utilizados para solventar deuda pública

Respecto a la asistencia del FMI con el préstamo millonario al régimen, la investigación de Expediente Público arrojó que de los US$185.3 millones aprobados para ayudar al país centroamericano, un 50% sería destinado para atender a la sostenibilidad “urgente” de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de la Covid-19 y el otro 50% para proyectos de emergencia, repartidos entre la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

De esto último, los C$400 millones usados para pagar el gasto de energía eléctrica de Enacal, debieron ser incluidos en ese componente del 50% del préstamo dirigido a la sostenibilidad de la balanza de pagos, ya que en el mismo Informe de Liquidación del PGR 2020, se incluyen pagos del servicio de la deuda interna y externa por C$2,084.61 millones y C$761.65 millones, es decir, US$94.54 millones de dólares, que representan el 50% del préstamo total del FMI.

“El análisis revela que US$93.3 millones, que representa el 50% del préstamo, serviría para responder a la emergencia de la pandemia para lo cual se firmaron dos contratos, el primero el 15 de enero de 2021 por US$18.68 millones con el PMA para la compra de alimentos y semillas”, apunta el portal de noticias.

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Cabe destacar que la carta de intención dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, el régimen se comprometió a “seguir los más altos estándares de transparencia fiscal, mitigar los riesgos relacionados con vulnerabilidades en áreas de gobernanza y corrupción y a garantizar que el gasto de emergencia sea transferido a la población prevista”.